|
Primero
fueron las wiphalas flameando en las marchas de cocaleros y en Ilave.
Luego la asonada etnocacerista en Andahuaylas. [...]
Un fantasma parece haber comenzado a recorrer el país: la posible incursión de discursos y organizaciones indígenas en la política peruana.
[...] Es cierto que la irrupción de la etnicidad (o la
religión) en la política puede resultar explosiva. La denominada política identitaria puede volverse excluyente y llevar en casos extremos a genocidios y “limpiezas étnicas”, como se ha visto en las últimas décadas en diferentes partes del
mundo.
En América Latina, sin embargo, los movimientos indígenas han sido fundamentalmente
democráticos, pacíficos -entre otras causas, porque ni la religión ni el nacionalismo irredentista han jugado un papel preponderante en
ellos-, y han contribuido a ampliar la ciudadanía en temas y sectores que no aparecían en los radares de los partidos
establecidos.
[...] Pero es cierto que la política étnica puede caer en el escencialismo de considerar que los indígenas son buenos por
naturaleza. En el ahistoricismo de pensar que cinco siglos no son nada y seguir hablando de españoles y de conquistadores al referirse a criollos y
mestizos; o en ensalzar unilateralmente a la coca como “la hoja sagrada”, como si el narcotráfico fuera un fenómeno que ocurriera en la dimensión
desconocida. Puede volverse excluyente y contrarracista, sobre todo entre ciertos intelectuales indígenas y algunos dirigentes
sociales. Ellos son los más sensibles al techo de vidrio que bloquea sus posibilidades de movilidad social
meritocrática. Pero también los más proclives a la ideologización excesiva.
El caso peruano.
Uno de los hallazgos más impactantes del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue que el 75% de las víctimas mortales del conflicto armado interno tenía quechua como idioma materno, mientras que según el Censo Nacional de 1993, solo el 17% del total de peruanos lo
tenían. Más aún, si la violencia hubiera tenido en todo el territorio nacional la misma intensidad que tuvo entre los
asháninka, hubieran muerto alrededor de 2 millones de peruanos y peruanas. Un verdadero
holocausto.
Es cierto que el conflicto armado interno peruano no fue ni Ruanda ni Kosovo, pero las cifras son demasiado contundentes para decir que el elevado número de víctimas indígenas se debió solo a una mala suerte
geográfica.
Sin embargo, ni antes ni después de la CVR partido alguno ha tenido interés en colocar el tema indígena en la agenda política
nacional. La Constitución de 1993 definió el país como pluricultural y
multilingüe. Diez años después, durante las audiencias públicas de la CVR comprobamos que a pesar de la década transcurrida no había en el país una sola universidad o instituto superior que preparara traductores profesionales
quechua-castellano, para no soñar con traductores asháninka-castellano o
awajún-castellano.
Por la misma época estallaba el escándalo de la Comisión Nacional de los Pueblos
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Conapa) y otra gran oportunidad política se
desperdiciaba: un presidente fenotípicamente indígena y una primera dama antropóloga se declaran dispuestos a enfrentar los problemas de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas y
afroperuanos; encuentran planes elaborados por la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas
(Setai) con participación de las principales organizaciones indígenas durante el gobierno de
transición; pero reducen su política indígena a la cooptación de algunos dirigentes y a la promoción del folklore, al marketeo de un país exótico y emplumado como producto
turístico: Indians for export.
No me opongo al desarrollo del turismo, ni al de todas las manifestaciones culturales que coexisten en el
Perú, pero no podemos terminar como el equivalente de una república bananera: un país para National
Geographic, cuyo presidente acompaña una semana por todo nuestro territorio a los camarógrafos de la
revista, pero no se sienta un fin de semana completo con las organizaciones indígenas para trabajar los problemas de fondo –pobreza, territorio,
autonomía, acceso a la justicia en sus propias lenguas, educación bilingüe intercultural- que están por lo demás expuestos hace tiempo en el Convenio 169 de la
OIT, del cual nuestro país es signatario.
Lo asombroso, entonces, es que no haya una mayor incursión de los pueblos indígenas en la escena
política. Más precisamente, que sus movimientos sean débiles en comparación con los de países
vecinos. Porque, dejémonos de paranoias: los hermanos Humala y sus etnocaceristas son un movimiento de mistis
tradicionales, que en la mejor de sus facetas podrían expresar una suerte de velasquismo
degradado; el sector radical del magisterio que encabeza Huaynalaya, expresa una suerte de postsenderismo
clasista, que no tiene ni busca puntos de encuentro con los movimientos étnicos.
En las marchas cocaleras flamea a veces la bandera del Tawantinsuyu, pero ninguna de las corrientes en las que se divide el movimiento se asemeja a los cocaleros del Chapare boliviano. La construcción de una identidad étnica no “chorrea” más allá de los dirigentes y
activistas. La “defensa de la hoja sagrada” no se vuelve parte raigal y beligerante de su
movimiento.
[...]
Por su parte, la Coordinadora Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú (Coppip), la organización indígena más representativa, actúa por ahora estrictamente como movimiento social. Más aún, una de sus dos organizaciones de mayor importancia, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) - la otra es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep)- que agrupa a las comunidades afectadas por la minería, no es una organización indígena clásica, pues incluye a indígenas y no indígenas, y sus reivindicaciones se ubican en la frontera entre los reclamos étnicos y los clasistas.
¿Por qué esta práctica ausencia del factor étnico en la política nacional peruana? Explicarla excede los límites de este artículo. Dígamos solo que, para grupos discriminados y estigmatizados, convertir el estigma en bandera es solo una entre varias posibilidades. Otra es reformular su identidad para eludir el estigma sin necesariamente asimilarse. En el Perú, especialmente desde mediados del S.XX, se abrieron ventanas de oportunidad para que los indígenas reformularan sus identidades étnico-raciales en términos culturales a través del acceso al castellano y a la escuela, y se redefinieran en muchos casos en términos regionales, sin renunciar necesariamente a un conjunto de rasgos culturales propios.
En este contexto, los movimientos indígenas son por lo general locales y dispersos. Por eso, considero que las reivindicaciones indígenas se van a expresar, al menos esta vez, en candidaturas regionales y movimientos locales, por ahora sin mayor impacto en la política nacional. Pero no es que esto sea lo más
saludable.
[...] Por otro
lado, los pueblos indígenas deberían impactar en la política nacional. Mientras no lo
hagan, no saldrán de su situación mayoritaria de postración económica y ciudadanía de segunda
clase. Ojalá lo hagan a través de partidos políticos nacionales que, como parte de su
renovación, se vuelvan sensibles a la diversidad cultural, la consideren en serio un activo y no solo un adorno para
PromPerú, y decidan bregar por ampliar y fortalecer la ciudadanía con nuevos protagonistas y nuevos
temas; decidan luchar por fin contra el racismo, que sutilmente se va volviendo “políticamente correcto” en el Perú
actual.
Febrero de 2006
|
