Crece presión ciudadana por la dimisión de Aristide

La renuncia del Presidente Jean Bertrand Aristide constituye un elemento esencial para resolver la actual crisis que vive el país, sostienen organismos civiles agrupados en la Plataforma Haitiana en Defensa de un Desarrollo Alternativo (PAPDA, por sus siglas en francés).
La oposición señala que Aristide ha traicionado las reivindicaciones centrales del movimiento Lavalas 1986-91 volviéndose cómplice de las políticas fondomonetaristas, rehusando a poner en marcha las verdaderas políticas que permitan transformar la situación de marginalización y explotación de las masas haitianas. Es más, el gobierno de Aristide se ha sumergido en la inmoralidad, la corrupción y la violación sistemática de los derechos más elementales de los ciudadanos haitianos. La institucionalización de la impunidad prueba la continuidad de los procedimientos del poder y la renovación del Estado tradicional en sus aspectos más odiosos.

Entre los presuntos actos de corrupción más sonados,  la Plataforma menciona  la comercialización de arroz importado de Estados Unidos para enriquecimiento personal de algunos dirigentes de la oficialista organización Fanmi Lavalas, el robo del ahorro y de los bienes de una franja importante de la población a través de un sistema de seudocooperativas, el tráfico de influencias a favor de una Universidad privada de la Fundación Aristide en detrimento de la Universidad Estatal de Haití.

Así mismo, el gobierno es acusado de recurrir a la represión, a la violación de la libertad de prensa e incluso a los asesinatos para acallar las manifestaciones de los movimientos sociales y particularmente del movimiento estudiantil. Las autoridades locales se han transformado en el brazo armado del sistema de dominación para quebrar todo espacio de contestación y expresión del pensamiento libre a través de la acción represiva de la policía y de los mercenarios a sueldo del régimen. Varias radios han sufrido la destrucción de sus equipos de transmisión, se mantiene en la impunidad los asesinatos de los tres hijos de Viola Robert, de Jean Dominique, de Brignol Lindor y de tantos otros.

La acción contra la universidad pública ha sido particularmente dura y violenta. Se han destruido sus locales, numerosos estudiantes, profesores y directivos han sido heridos, encarcelados o asesinados.

Frente a esta realidad,  existe, sin embargo, un despertar de la conciencia ciudadana. El movimiento social, que reclama la dimisión del Presidente de la República, ha inaugurado un nuevo ciclo de movilización política que había sido casi eliminada con el golpe de Estado de 1991 y luego con la instrumentalización y la corrupción desplegadas por el régimen que encabeza Aristide.

La solución a la crisis haitiana, señala la Plataforma, no reside en una nueva ocupación del suelo haitiano por fuerzas extranjeras policiales o militares, como lo ha sugerido el CARICOM, más aún cuando en este año se celebra el bicentenario de la independencia nacional. La intervención de los marines norteamericanos, bajo la cobertura de las Naciones Unidas y de la OEA en 1994,  no resolvió los problemas de seguridad. Estos problemas se agravaron  al partir las tropas. La cuestión de la
seguridad no puede ser resuelta mas que por las instituciones haitianas en el marco de mecanismos de concertación.  La Policía Nacional Haitiana ha demostrado que ella dispone de capacidades suficientes como para mantener el orden cuando ella no está obligada, por instrucciones provenientes del Ejecutivo, a asociarse con factores de perturbación, finaliza la Plataforma.

www.alainet.org  28/01/2004