La Coalición de Defensa de Areas Protegidas denunció que el proyecto de ley enviado al Congreso sobre este tema legaliza la compra de reservas ecológicas por capitales privados, atentando contra el patrimonio nacional

Los ecologistas, empresarios y hoteleros agrupados en la Coalición advierten que el desmantelamiento de algunas áreas protegidas supondría un gran beneficio económico para compradores particulares, pero afectaría al turismo nacional y la preservación de la naturaleza en el país.

Desde el 28 de mayo que la ley pasó al Congreso, la Coalición patrocina, marchas y protestas para que la reevalúe la Ley que atenta contra los recursos nacionales.

Alerta que de aprobarse el proyecto de Ley Sectorial de Areas Protegidas, en los términos propuestos por el presidente Hipólito Mejía, el turismo sufriría un golpe demoledor.

Lissete Gil, presidenta de la Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (Este), dijo que la ley contiene errores garrafales y ha sido fruto de la 'presión de poderes económicos'.

Abundó con el ejemplo de la línea costera del Parque Nacional del Este tiene un valor inmobiliario de más de 1.250 millones de dólares, y se pretende entregarla a privados.

Los miembros que integran la coalición, representantes de más de 40 organizaciones nacionales, se pronunciaron también, contra la venta de los terrenos de Playa Grande, anuncio que hizo el Banco Central.

Un comunicado de la entidad informa que esa porción costera está valorada en 43 millones de dólares y dejará de ser de disfrute público.

El Banco Central, en un comunicado de prensa, justifica la acción que mediante la octava resolución del 17 de junio del 2004 y la novena, del 1 de abril del 2004 adjudicó Playa Grande a una compañía extranjera.

Según explica el consorcio Playa Grande Holding y sus asociados se propone desarrollar un complejo hotelero y residencial superior a cinco estrellas, pero el pueblo tendrá limitado su acceso.

Greenpeace, organización del Fondo Mundial de la Naturaleza, se ha unido a las voces nacionales e internacionales que se pronuncian contra la mercantilización de los recursos ambientales dominicanos.

Dominicana posee 16 parques nacionales o de importancia ecológica, siete reservas científicas y la zona que va desde Cabo Rojo hasta Aceitillar, en la provincia de Pedernales, declarada como Vía Panorámica con fines de 'Recreación, Educación Ambiental y de Protección a la Naturaleza', también esta en riesgo de comercialización.

Otro de los patrimonios dominicanos es el parque Jaragua que pertenece a la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en noviembre de 2002.

Y el Santuario de la Ballenas Jorobadas, otra de las maravillas que dignifica los fondos medioambientales del país, que los gobernantes quieren vender a pedacitos, denunció la organización Juventud Rebelde.

De adoptarse definitivamente esta legislación, los ecosistemas entrarán en grave peligro, incluyendo humedales e importantes zonas de aves; así como destacados hábitat del endémico Manatí de la India Occidental o la Tortuga Hawksbill', aseguran los ambientalistas.

www.argenpress.info   18/07/2004

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