Sólo 1% de las
comunidades quilombolas poseen títulos de propiedad
El
gobierno brasilero pretende, a partir de octubre, identificar y otorgar títulos
de propiedad a las tierras remanecientes de los quilombos, en
virtud de la condición de abandono en que se encontraba este sector de la
población por parte de los gobiernos anteriores. Según la ministra
Matilde Ribeiro, de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de
Igualdad Racial, "de las cerca de 2.000 comunidades quilombolas
existentes en Brasil, apenas 29 poseen títulos de propiedad".
El primer acto gubernamental en este sentido fue la edición del decreto
s/n, de 13/05/2003, que instituye un Grupo de Trabajo (GT) con la
finalidad de reglamentar el Artículo 68 del Acto de las Disposiciones
Constitucionales Transitorias. Este artículo define que "a los
remanecientes de las comunidades de los quilombos que estén
ocupando sus tierras es reconocida la propiedad definitiva, debiendo el
estado emitirles los títulos respectivos".
El GT buscaba rever las disposiciones contenidas en el Decreto Nº:
3.912/01, promulgado durante el gobierno Fernando Henrique Cardoso. Esta
norma define las directrices para el reconocimiento, la delimitación, la
demarcación, los títulos y el registro inmobiliario de las tierras
remanecientes de quilombos, designando como institución
responsable para esos procedimientos a la Fundación Cultural Palmares,
subordinada al Ministerio de la Cultura.
Para la ministra Matilde, las necesidades de los pueblos que viven en
tierras de quilombos van más allá de cuestiones culturales. Por
eso otros organismos gubernamentales serán llamados a realizar ese
trabajo. "El Decreto 3.912 debe ser revocado. La misión originaria
de la Fundación Palmares, establecida por la Constitución de 1988, es de
fomento a la cultura y no de regularización latifundista, que es una
atribución del Incra", afirma. Con la nueva reglamentación
propuesta por el GT, el reconocimiento y registro de las tierras quilombolas
debe volver a ser hecho por el Instituto Nacional de Colonización y
Reforma Agraria (Incra).
Otra novedad con relación entre los quilombolas y el Estado
brasilero dice al respecto de la atención a la salud a las comunidades.
El Ministerio de la Salud (MS), a través de la Fundación Nacional de la
Salud (Funasa) y la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) están discutiendo
la posibilidad de crear una infraestructura de atención a la salud específica
para las comunidades quilombolas.
La iniciativa tomada ocurrió después que un equipo da Fiocruz realizó
en marzo una expedición a la región del Bajo Amazonas, en Pará, donde
visitó seis comunidades quilombolas y constató un cuadro gravísimo
de condiciones de salud. "El dato más alarmante corresponde a la
desnutrición, que en algunos casos es semejante a la situación de tribus
africanas", relató Luciano Toledo, uno de los directores de la
Fiocruz en Manaus (AM). Un informe con los resultados de la expedición no
fue encaminado al MS, a la Funasa y al Consejo Nacional de Seguridad
Alimentar (CNSA).
Como consecuencia las seis comunidades fueron incluidas en el programa
Hambre Cero y la Fiocruz envió medicamentos de emergencia para la región.
Por su parte el MS dio inicio a la discusión sobre implementación de un
sistema de atención a la salud para mejorar el acceso y la calidad de los
servicios de salud para las comunidades quilombolas. Durante la
primera reunión sobre la cuestión se pensó en la posibilidad de creación
de Distritos Sanitarios Especiales, ejemplo de modelo que ya existe para
las poblaciones indígenas, conforme relata Luciano Toledo. La discusión
aún está en fase inicial, pero ya fue definido que las comunidades quilombolas
tendrán tratamiento prioritario del Ministerio de la Salud y que todos
los quilombos del Bajo Amazonas que fueron alcanzados por represas
serán incluidos inmediatamente en el Programa Hambre Cero del gobierno
federal.
Ejemplos de descaso y persecución de los quilombolas
Como ejemplo de la urgencia para la cuestión quilombola, se puede
citar a la Comunidad de Porto Velho, en el municipio de Iporanga (SP), que
tienen sus tierras sistemáticamente invadidas y degradadas por un
hacendado local, por reivindicar la pose del área. Por eso un informe técnico-científico
de la Fundación Instituto de Tierras del Estado de São Paulo (Itesp)
reconoce el área en litigio como perteneciente a la comunidad de Porto
Velho.
Los conflictos con Barbosa tuvieron inicio en los años 70, cuando los quilombolas
comenzaron a recusarse a trabajar para él. "La relación de trabajo
establecida por el hacendado se caracterizaba por un régimen de
semiesclavitud", afirma la abogada Maria Suely Berlanga, que hoy
cuida de los intereses de la comunidad. El primer grave incidente ocurrió
hace 23 años, cuando el hacendado demolió una iglesia construida por los
antepasados quilombolas de la comunidad de Porto Velho.
El Itesp, que posee como atribución identificar y proponer soluciones
para los conflictos agrarios, además de prestar asistencia técnica a las
familias asentadas y a los remanecientes de las comunidades de quilombos,
han enviado equipos de mediadores al local para que la disputa no sea más
violenta.
Asimismo, ni la mediación ni el reconocimiento oficial del Itesp a la
tierra quilombola resuelven el conflicto. Esto porque el registro
de la tierra sólo puede ser hecho de inmediato caso se trate de un área
desocupada. Pero como existe una posición de la tierra quilombola
a un área supuestamente particular, generando litigio, el registro pasa
para la esfera federal, bajo la jurisdicción de la Fundación Palmares,
actual responsable por la solución de cuestiones agrarias. Por eso la
Fundación no dispone de instrumentos para la retirada de ocupantes y
arrendantes de las tierras. Este caso muestra la validez de la acción del
gobierno federal en intentar repasar la atribución de cuidar de la cuestión
del registro de títulos de tierras para el Incra.
Otro ejemplo de los problemas de las poblaciones quilombolas que ha
pasado desapercibido por las autoridades se trata de las comunidades
negras existentes en Alcântara, Maranhão. Hasta hace poco el gobierno
había colocado en votación en el Congreso Nacional el acuerdo que
concede a Estados Unidos el derecho de uso de la base militar aeroespacial
en la ciudad.
Caso sea aprobado el proyecto llevaría al desplazamiento forzado de
innumerables familias quilombolas que viven en las cercanías de la
base para otras regiones, para que la infraestructura de operación fuese
ampliada y por razones de seguridad. La medida representaba una amenaza a
la propia supervivencia de las comunidades locales, ya que su sustento e
identidad cultural dependen del ambiente que ocupan.
Para felicidad de las comunidades el gobierno resolvió excluir de la
agenda de votaciones el acuerdo. A pesar de eso la cuestión quilombola
no tuvo gran atención en la discusión sobre Alcântara. El principal
motivo para que se retire el acuerdo de la agenda del Congreso, según
comunicado del diputado Aldo Rebelo, fue la existencia de dispositivos
como la exigencia de autorización de los estadounidenses para el acceso
de militares, científicos y auditores fiscales brasileros a la Base de
Alcântara; y la prohibición de inversiones de los recursos financieros
obtenidos con el alquiler de la base en el programa espacial brasilero.
Políticas de inclusión social para población negra brasilera
La ministra Matilde Ribeiro, de la Secretaría Especial de Políticas de
Promoción de la Igualdad Racial, afirma que, 115 años después de la
abolición de la esclavitud en Brasil, los negros aún necesitan políticas
afirmativas para que sean integralmente incluidos en la sociedad nacional.
A pesar de la población brasilera ser constituida por 80 millones de
afro-descendientes, solamente en 1988, con la nueva Constitución Federal,
el racismo se transformó en crimen.
El diputado Luiz Alberto (PT-BA) defiende políticas de inclusión social,
como el primer empleo para jóvenes negros y las cotas en las
instituciones de enseñanza del País. Luiz Alberto informó que Salvador
es la ciudad brasilera con el mayor número de afro-descendientes, y que
cerca de un millón de moradores de la capital bahiana anda a pie por no
tener condiciones de pagar pasaje de ómnibus.
La diputada Maria do Rosário (PT-RS) recuerda que las mujeres
afro-descendientes son las que más necesitan de la política del primer
empleo. A su criterio las cotas en las universidades deben ser un
beneficio provisorio para que se alcance la real igualdad racial en el País.
Ya el diputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), que integra el Frente
Parlamentario de Combate al Racismo, defiende la inclusión de estudios
sobre el continente africano en las escuelas brasileras.
Adital/Ambiente
Brasil - 17.septiembre/2003 |
Afroamerica
