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Latinoamerica-online
Cultura, Società e Il Mondo dei Caraibi |
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di Mariella Moresco Fornasier
Altre pagine sui popoli indigeni
Conaie declara independencia de Lucio (3 giugno 2003) Pueblos
de Perú lanzan carta abierta a Grupo de Río (3
giugno 2003) El gobierno mexicano responde a las demandas de los indigenas chiapanecos con militarización (3 giugno 2003)
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Conaie declara independencia de LucioMarcelo Larrea - director del periódico "El Sucre" La
poderosa organización de las nacionalidades originarias de Ecuador (CONAIE)
en una asamblea que reunió a sus tres filiales: Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE), Confederación
de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (ECUARUNARI), de los Andes
y Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana
(CONFENIAE) evaluó las resoluciones tomadas por sus organismos de base y
resolvió declarar su independencia política del gobierno del Presidente
Lucio Gutiérrez. Adital, 28 de mayo de 2003 |
Pueblos de Perú lanzan carta abierta a Grupo de RíoUna "Carta Abierta de los Pueblos a la Cumbre De Presidentes Del Grupo De Río" fue elaborada durante el Encuentro Nacional de los Frentes Regionales de Perú, ocurrido del 23 al 24 de mayo. El objetivo del documento es pronunciarse "frente a varios de los temas de la agenda latinoamericana que trató dicha cumbre". En el documento, las organizaciones sociales, campesinas, indígenas y sindicales de Perú, hacen un llamado a los presidentes a "buscar otra integración que no sea la anexión subordinada de nuestros países a Estados Unidos" exhortándolos a "desarrollar una integración latino y sudamericana, que haga frente a los procesos de integración de los bloques de países ricos, con los cuales hay que discutir y negociar". También le exigieron al Grupo de Río que tiene que asumir "que una aspiración central de nuestros pueblos es lograr un desarrollo humano que posibilite la ampliación de las opciones de la vida de la gente", y por esto, "la ampliación del mercado de nuestros países es crucial, pero no como es planteado por el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)". De la misma forma demandaron a los gobernantes a "ser fieles al mandato de nuestros pueblos". Cabe destacar que la XVI Cumbre Presidencial del Grupo de Río (que también ocurrió el 23 y 24 de mayo) -que agrupa a 19 países de América-, finalizó con la firma del "Consenso de Cuzco", en el cual quedó estipulado realizar una reunión especial para tratar el tema del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), "en el marco de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas" para "discutir a fondo las implicaciones del ALCA sobre los países del Grupo de Río".
Adital/Jubileu Brasil - 30.mayo / 2003 |
A un año de la marcha por la asamblea constituyente en Bolivia
Una mirada sobre la
realidad social boliviana y sus pueblos irredentos. La América latina
profunda, donde el mundo andino es reservorio ecológico, cultural y
social. Hoy se cumple un año de cuando iniciamos la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. El 13 de mayo del 2002 las organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas iniciamos esta marcha para reclamar la participación social en las definiciones nacionales. Nuestra propuesta, ajustada a la institucionalidad vigente, era que se aprobara una Ley de Necesidad de Reforma, modificando los Arts. 230 y siguientes de la CPE, para incorporar el mecanismo de Asamblea Nacional Constituyente participativa. Proponíamos que esta Asamblea Nacional Constituyente debía ser elegida por voto popular en circunscripciones uninominales, departamentales y nacionales para garantizar que esta ANC refleje las visiones local y regional, pero también tenga una visión nacional, de país, que es lo que nos falta hasta ahora. También proponíamos que para elegir esta Asamblea pudieran postular candidatos los partidos políticos, pero también grupos de ciudadanos y las organizaciones sociales en las respectivas circunscripciones, con el respaldo de un número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. El gobierno, las bancadas parlamentarias y representantes de los partidos políticos, se comprometieron con nuestras organizaciones, ayllus, markas, comunidades, sindicatos, a concertar y aprobar un proyecto en Ley de Necesidad que incorporara la Asamblea Nacional Constituyente. Ese acuerdo se firmó el 21 de junio de 2002, pero el 1º de agosto del mismo año, el parlamento aprobó una Ley de Necesidad que no sólo no daba cumplimiento al acuerdo, sino que refuerza el control del poder político por los partidos a través del parlamento. Esta ley de Necesidad que negaba el clamor de los sectores sociales mayoritarios, fue aprobada a espaldas del país, a instancias del actual gobierno que se niega a una democracia participativa, que se niega a aceptar la crisis política del país y que en lugar de dialogar y concertar con los sectores sociales, amenaza constantemente con las armas del ejercito. Hoy, a un año de que iniciáramos aquella marcha, observamos con mucha pena que la crisis del país ha empeorado. Que más de 50 hermanos bolivianos han sido asesinados por luchar por sus derechos, desde los campesinos de Yapacaní, compañeros campesinos en los bloqueos del mes de enero, hasta ancianos rentistas que marchaban defendiendo sus derechos y, finalmente, muchos policías, militares y civiles en la revuelta del 12 y 13 de febrero. Nosotros estamos seguros que si el sistema político hubiera abierto las decisiones del país a la participación social y si hubieran permitido que todos los bolivianos nos sentáramos en una Asamblea Nacional Constituyente para definir conjuntamente el destino de nuestro país y nuestros recursos, y a pensar conjuntamente la forma de salir de la crisis, esas muertes se hubieran evitado. Pero en lugar de concertar soluciones con los sectores sociales, el Gobierno se cierra en su círculo de poder y en su excluyente modelo económico y amenaza con las fuerzas militares. Las organizaciones que marchamos hace un año, nos hemos reunido en medio de la crisis actual del país a conmemorar el inicio de la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales, y observamos que no solo no se cumplieron los acuerdos para satisfacer las demandas nacionales, si no también que la situación económica y social ha empeorado y se siguen violando nuestros derechos. Por lo anterior, las organizaciones indígenas y campesinas del Oriente, declaramos: 1. Ratificamos nuestra propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, con participación de todos los sectores sociales sin la mediación de los partidos políticos, para que entre todos los bolivianos, concertemos soluciones a la aguda crisis estructural del país. 2. Reclamamos soluciones concertadas y efectivas para salir de la crisis actual del proceso agrario, demandamos la titulación de tierras indígenas y campesinas, y garantías para la vida de dirigentes y asesores que trabajan por nuestros derechos. 3. Ratificamos nuestro compromiso de unidad y trabajo conjunto entre los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, originarias y campesinas, trabajadores asalariados del campo y otros sectores sociales para la defensa de nuestros derechos y terminar con el estado de exclusión. CPESC, CONAMAQ, FSUTC-S.C., BRTOLINA SISA, MST, CIOEC, CDTAC, CONSEJO DE PUEBLOS INDIGENAS DE YAPACANI, ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DE SAN IGNACIO DE VELASCO Y OTRAS
Actualidad Etnica, 17/05/2003 |
El gobierno mexicano responde a las demandas de losindigenas chiapanecos con militarización
Al paso de los años, en lo que va de las
amenazas a las promesas gubernamentales, la militarización generalizada
de las tierras indígenas de Chiapas sigue siendo la única respuesta
permanente a las demandas de los nativos. Aun bajo los cálculos más
conservadores, ésta es la entidad de la República con mayor concentración
de tropas y equipo de combate.
Organismos civiles e investigadores independientes calculan que en Chiapas hay hasta 60 mil efectivos castrenses, mientras las fuentes militares, siempre parcas, nunca reconocen más de 18 mil. Luego de la ofensiva zedillista contra los indios rebeldes, en 1995, y hasta la fecha, no se han efectuado retiros o recortes significativos de tropa, y nada indica que su número haya disminuido en ningún momento: movimientos de personal, cambios de posición (a veces a unos cuantos kilómetros de su emplazamiento anterior) y relevo de algunos regimientos cada cuando. Nada más. Una transexenal maquinaria de guerra dedicada a 'contener' a los pueblos mayas y zoques del estado (2 por ciento de la población nacional).
En consecuencia, Chiapas es la única entidad donde se practica abierta y sistemáticamente una 'guerra de baja intensidad', tan proteica como convenga a su fin primordial, que es fracturar la solidaridad en las comunidades. 'Quitarle el agua al pez de la revuelta', o 'ganar las mentes y los corazones de las aldeas nativas', como sugerían los manuales clásicos que el Pentágono aplicaba en países bananeros. Donde hay militarización no hay paz.
Hoy, 27 de mayo de 2003, operan cerca de 50 puestos de revisión en caminos y carreteras. Se yerguen grandes instalaciones militares en la selva Lacandona, la zona norte, la región Frontera y Los Altos. Uno ve Bases de Operaciones Mixtas (BOM) por doquier. Medio millar de campamentos y cuarteles, en su mayoría concentrados en torno a comunidades en resistencia donde habitan las bases de apoyo del EZLN. En ciertos lugares, como Chenalhó, el valle de Ocosingo, los perímetros de Montes Azules y las cañadas de la selva, el despliegue de fuerzas federales de combate es abrumador.
La presencia sin tregua del Ejército federal ha transformado directamente la vida social de las comunidades donde se instala. Constituye una amenaza explícita para los zapatistas. Y si se trata de localidades 'aliadas' (como San Quintín, Cintalapa, Nueva Palestina, Monte Líbano y otros enclaves priístas de la selva), la transformación resulta más profunda; allí, los campesinos se vuelven lavanderas, meseras, chalanes, informantes, comerciantes; estas comunidades ahora conocen, al menos de vista, la prostitución y otras prácticas 'civilizatorias'.
Tal pareciera la respuesta fundamental del Estado mexicano al reclamo rebelde de 1994. La segunda vertiente de dicha 'respuesta', la denominada inversión social, ha sido millonaria en los números, parcial en su ejecución y siempre orientada a 'desanimar' de manera preferencial la resistencia rebelde. Diversos analistas han coincidido recientemente en que el gobierno de Vicente Fox sigue pensando en 'derrotar' la resistencia, a pesar de que ésta se mantiene pacífica.
Más de mil comunidades permanecen en espera de que se cumplan los compromisos de un gobierno que sigue apostando a que 'eso se pudra'.
Argenpress, 28 de mayo de 2003 |
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