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Cultura, Società e Il Mondo dei Caraibi

Popoli indigeni

di Mariella Moresco Fornasier

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Antiterrorismo o politica antindigena?  (ottobre 2001)

El español y el destino de las lenguas amerindias  (16 ottobre 2001)

Ricordando Taita Proaño   (settembre 2001)

Declaración de Machu Picchu  (28-29 luglio 2001)

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Antiterrorismo o politica antindigena?

Come viene vissuta la lotta al terrorismo (o meglio questa fase apertasi dopo l'attentato alle Twin Towers dell'11 settembre scorso) da coloro che non sono minacciati da attacchi militari diretti bensì dalla guerra che l'Occidente conduce contro ogni forma di resistenza all' attuale fase di espansione economica e di omogeneizzazione culturale? 
A questa domanda vuole rispondere Jorge Alonso, ricercatore di Ciesas Occidente e corrispondente dal Messico della rivista Envío, il mensile di analisi politica edito dalla Uca (Universidad Centroamericana) di Managua. 

Sul n. 235 dello scorso ottobre, l'articolo Serà una guerra contra  "los del color de la tierra" (di cui pubblichiamo un estratto) dichiara già nel titolo l'allarmata convinzione dell'autore: la lotta al terrorismo servirà anche a criminalizzare e zittire le voci "fuori coro", coloro che si trovano ai margini dell'attuale processo politico ed economico. In primo luogo, in America Latina, i popoli indigeni, le cui rivendicazioni costituiscono un'alternativa talmente radicale al modello sociale ed economico dominante, da costituire una "provocazione" che le classi dirigenti dei rispettivi paesi non possono ignorare né, tanto meno. accettare. Chiunque denuncerà l'ingiustizia insita nell'esclusione sociale potrebbe venire considerato un potenziale terrorista e venire combattuto in quanto tale.

Jorge Alonso presenta e analizza la situazione indigena in Messico, ma le sue considerazioni possono venire applicate alla condizione indigena in tutto il continente.   [m.m.f.]

Será una guerra contra "los del color de la tierra"

El 11 de septiembre, cuando el terrorismo atacó  Nueva York y Washington, el repudio mundial a esta barbarie que implicó  la muerte de miles de inocentes fue masivo. En Estados Unidos, después del estupor y del dolor, vino el odio y la sed de venganza. Un 85% de los estadounidenses se manifestó a favor de una acción militar inmediata y un 75% exigía represalias contra los culpables, aunque las represalias causaran víctimas inocentes. Entre los estadounidenses también se levantaron voces que demandaban justicia, pero no venganza.
Las páginas editoriales de los diarios estadounidenses recibieron reflexiones opuestas a la guerra y en defensa de los derechos de los árabes-estadounidenses, mientras grupos civiles advertían que la guerra no era el camino.

No obstante, prevaleció el animo revanchista. El Presidente Bush declaró la guerra al terrorismo, alertando al mundo entero que no habría posibilidad de neutralidad: o se estaba con Estados Unidos o con el terrorismo. Bautizó su acción belica como "Justicia Infinita", pero ante las criticas que recibió tuvo que cambiarle el nombre a "Libertad Duradera". Se atacaría a los terroristas y a los países que les dieran cobijo. No habría alternativa: o ayudaban a Estados Unidos en una guerra planteada como la del Bien contra el Mal, o sufrirían las consecuencias. 

Asistimos a un fundamentalismo de otro tipo, también de tono religioso. En la declaratoria de guerra hecha por el Presidente Bush nunca se apeló al derecho internacional  y se advirtió  que la guerra sería larga, y también insidiosa y cruenta.

De entrada, debían suspendérsele a la CIA las restricciones a sus conocjdas tácticas ilegales.
La nueva guerra será también una guerra de información. Los militares anunciaron que van a mentir. Y presionan a los medios para que muestren lealtad.
La censura no sólo tocará a los noticieros. LIegara hasta los programas de humor poltico. Como está planteada, la guerra podrá Ilegar a todas partes tratando de desarticular, por medio de la tecnología más sofisticada, las complicadas y renovables redes terroristas. Estados Unidos aprovechará la oportunidad para probar nuevos armamentos. Y como habrá violentas reacciones. crecerá el peligro de que se desaten respuestas con armas químicas y bacteriológicas. 

Más allá de los discursos, en ningun bando parecen importar las vidas de miles de inocentes ajenos al conflicto. [...]

EI gobierno mexicano se esmeró en mostrarse un entusiasta aliado de los Estados Unidos. EI canciller Jorge Castañeda declaró que Estados Unidos estaba en su derecho de "buscar represalias" y que en esto el gobierno mexicano no le regatearía el apoyo. EI Presidente Fox solicitó a los migrantes mexicanos en Estados Unidos que respaldarían a Bush y al ejercito estadounidense, argumentando que México y Estados Unidos más que vecinos son una familia, y cuando "un malvado ataca su casa, ataca nuestra casa". En este mismo mensaje, Fox anunció a los estadounidenses que a donde quiera que fueran, el gobierno mexicano estarìa con ellos para cualquier cosa que necesitaran.

A la par, Estados Unidos se apresuró a concluir los trámites de regularización de estancias de mexicanos, lo que incluye el cumplimiento del requisito de alistarse al llamamiento de reservistas para nutrir los frentes de guerra. La televisión estadounidense en castellano anunció que los latinos estaban dispuestos a acudir al llamado a combatir y estaban entre los primeros  reservistas por ser muy valientes. [...]

Las encuestas de periódicos rnexicanos revelaron el primer impacto de los ataques terroristas en la población. Un 55% estaba de acuerdo con un ataque estadounidense a Afganistan y un 44% consideraba que este debía darse si se comprobaba que éste país protega a Bin Laden. [...]

En esta encuesta, se manifestaron también otras tendencias interesantes. Un 73% se pronunciaba contra el terrorismo y un mismo porcentaje no estaba de acuerdo con el envio de tropas mexicanas al conflicto. EI gobierno mexicano tuvo que aclarar que no enviaría tropas a esta guerra y que su colaboración se centrará sobre todo en  la información. [...]

EI intelectual mexicano Adolfo Gilly ha advertido que la actual guerra es "contra los del color de la tierra", señalando que la acción violenta de un puñado de terroristas puede paralizar la organización de los oprimidos y de los agraviados exponiendolos a las represalias de los poderosos.

Según Gilly, el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentagono fue un acto brutal y simbólico, pero no lesionó el poderío mjlitar y financiero de Estados Unidos, sino que legjtimó su terrorífica venganza. Y, como los agraviados por el poder militar y financiero de Estados Unidos son los del color de la tjerra, hay que prever que serán ellos los acusados de terroristas y los expuestos al nuevo exterminio vengativo. La guerra sin frentes ni fronteras será contra los condenados del mundo y todo el que proteste contra la injusticia podrá ser señalado como potencial terrorista, quedando expuesto a ser aniquilado política y aun fisícamente. [...]

Después de que a mediados de agosto el Ejecutivo federal publicara las reformas a la Ley Indigena en el Diario.Oficial, el Ezln calló y las comunidades y municipios indìgenas comenzaron a expresar su voz de muchas maneras para rechazar la Ley reformada, EI gobierno y el Congreso de Oaxaca presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la Ley. Adujeron que afectaba a 418 municipios que elegían a sus autoridades según usos y costumbres. De esos municipios, 247 interpusieron también una controversia constitucional. Durante agosto y septiembre las controversias se fueron multiplicando.

Comunidades indigenas de varios Estados se ampararon contra las reformas, Municipios indígenas de los Estados de Chiapas, Guerrero, México, Michoacán, Jalisco y Distrito Federal siguieron ese mismo camino. A finales de septiembre se habían acumulado unos 300 expedientes legales en contra de la legislación indigena. No obstante, Fox tanto ante el Primer Ministro británico Tony Blair como en su visita a Chile, elogió las reformas.

Indigenas, abogados, antropólogos, académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil siguen insistiendo en que las reformas contradicen diversos instrumentos jurídicos. La aprobación y la publicación de la Ley Indigena expresan la falta de voluntad política del Estado mexicano para dar cabida al reconocimiento de los pueblos indígenas, de sus culturas, de sus instituciones y derechos. Es un reflejo más de la falta de dialogo y del abandono de la búsqueda de consensos con los pueblos indios.

Una abogada especialista en derecho indígena ha resaltado que la Ley es el golpe de la clase política al proceso de paz, al movimiento indígena nacional y a los sectores que se habían sumado a la resistencia frente a una hegemonia cultural que traía bajo el brazo un proyecto económico.
En lugar de ofrecer autonomia se ha dado a estos pueblos más indigenismo, pretendiendo que sean asimilados y tutelados. Ellos demandaban poder de decisión y de organización.  EI obispo emerito Samuel Ruiz -quien recibió en Alemania un premio internacional por la paz- y el ex-rector de la Unam Pablo Gonzalez Casanova denunciaron que la nueva Ley no sólo  no cumple con lo negociado en San Andrés, sino que  promueve situaciones de violencia. EI Foro de las Ongs de la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrado en septiembre en Durbán, Sudáfrica, aprobó una condena contra las reformas constitucionales mexicanas en materia indígena por no cumplir con las condiciones de una paz justa y negociada en Chiapas.

EI responsable del Instituto Nacional Indigenista en Mexico ha reconocido que la actual "guerra contra el terrorismo" puede ser aprovechada para sojuzgar aún  más a los grupos indígenas. La marcha zapatista de la primavera del 2001 fue la marcha de los del color de la tierra. EI otoño ha agostado los brotes de aquella esperanza y la correlación de fuerzas se ha tornado peligrosa para los del color de la tierra y para quienes entre ellos y con ellos luchen por sus derechos.
Más que nunca nos tocará pugnar contra el pensamiento único y contra una idea de justicia que más que un reclamo por la equidad es la revancha del orgullo imperial herido, aprovechando la macabra oportunidad para imponer una globalización comandada por el dominio militar y financiero. Los del color de la tierra no pueden abandonar la idea de justicia en la cual la igualdad de oportunidades que deben tener todos los grupos sociales no excluye el respeto a sus diferencias culturales. La búsqueda de la paz implica el repudio a todos terrorismos, incluido el terrorismo de Estado.

En México las fuerzas populares  tienen el reto de obligar al gobierno a regresar a los principios de autodeterminación y de no intervención, a conducirlo hacia el respeto al derecho internacional, a la búsqueda de equilibrios, a la paciencia y a la sensatez.
Y, aún en este marco mundial tan complejo, a consolidar un verdadero camino de diálogo para resolver problemas nacionales inveterados que han empujado a los excluidos a la desesperación y a la desesperanza.

Cada dìa es más evidente que la salida que las élites políticas mexicanas han dado a la cuestión indígena ha sido errónea. Lo aberrante será permitir que el descontento indígena sea colocado en el  bando del terrorismo.

Las imposiciones generan siempre nuevos y más profundos problemas. Esta difícil coyuntura mundial podría aprovecharse para desandar caminos mal andados, y reiniciar autenticos diálogos que conduzcan a soluciones de verdadero consenso.

¿Será posible?

da Envio n. 235 - Managua, ottobre 2001

Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Lucha contra la Pobreza

TENIENDO EN CUENTA que nuestros sistemas políticos se sustenta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales;
TENIENDO PRESENTE la interrelación y mutua implicación que existen entre los conceptos de democracia, derechos humanos, paz, desarrollo social y lucha contra la pobreza;
CONSIDERANDO que la naturaleza multicultural y pluriétnica de nuestras naciones ha constituido un factor esencial en la formación de las nacionalidades y la identidad histórica de nuestros países; y que, hoy como en el pasado, continúa siendo una característica 
esencial de la riqueza humana y social de nuestras sociedades.
CONSCIENTES de la situación de pobreza y extrema pobreza que afecta mayoritariamente a las poblaciones indígenas, así como la necesidad de garantizar y promover sus derechos, incluido el derecho a la diversidad.
CONSIDERANDO la voluntad de nuestros gobiernos para concentrar los recursos en las tareas de desarrollo social y económico, particularmente en la lucha contra la pobreza, la extrema pobreza y la generación de empleo productivo y decente.
CONSIDERANDO que todos los esfuerzos de la integración latinoamericana coinciden al voluntad común de establecer mecanismos de cooperación política, luchar contra la pobreza y liberalizar el comercio
DECIDIMOS
Avanzar en la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos
Expresar nuestro firme convencimiento que la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. En ese sentido, reiteramos nuestra convicción de fortalecer la democracia como un sistema de gobierno y como un elemento insustituible de nuestra identidad política, de promover sus valores como forma de vida y de defender la institucionalidad democrática y el estado de derecho en América Latina y el Caribe. 
Reiteramos, asimismo, que el ejercicio efectivo de la democracia requiere fortalecer su carácter participativo.

Reiterar nuestra decisión de adoptar una Carta Democrática Interamericana durante la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, a realizarse en Lima, en setiembre próximo, como un instrumento destinado a contribuir a la promoción, estabilidad, preservación y defensa de la institucionalidad democrática.

Renovar el compromiso de nuestros gobiernos con la vigencia y respeto de los derechos humanos, así como nuestra voluntad para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad del progresivo funcionamiento permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como propiciar la universalidad del sistema interamericano de protección a los derechos humanos.

Los Presidentes de los Países Andinos, en aplicación del Acta de Carabobo, adoptada con ocasión del XIII Consejo Presidencial Andino, instruimos a los Ministros de Relaciones Exteriores para que elaboren el texto de la Carta Andina de Derechos Humanos para su presentación en la próxima reunión del Consejo Presidencial Andino, la misma que deberá contener los principios y ejes temáticos sobre una política comunitaria en esta materia, 
incluyendo los temas referidos a los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.

Los presidentes andinos decidimos encargar a los Ministros de Relaciones Exteriores la preparación de una propuesta destinada a fortalecer programas para la promoción de la democracia, la participación ciudadana en todas sus formas, elaborar, proponer y ejecutar acciones para la educación en la democracia, intercambiar experiencias entre los partidos políticos de la subregión y desarrollar políticas de promoción y difusión de los valores 
democráticos, en concordancia con las políticas nacionales existentes.

Consideramos que la diversidad cultural y étnica que caracteriza a nuestras naciones es una fuente de gran riqueza y unión entre nuestras sociedades. El ejercicio democrático en nuestros pueblos exige el respeto y la promoción de su diversidad. Expresamos, en ese sentido, nuestra decisión de continuar desarrollando estrategias y políticas dirigidas a revalorizar la pluralidad 
étnica y la multiculturalidad de nuestras naciones, con el fin de promover la plena participación de los pueblos indígenas y las minorías étnicas.

Los derechos de los pueblos indígenas

En ese sentido, apoyamos firmemente todos los esfuerzos encaminados a la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el 
derecho a su identidad y tradiciones en lo espiritual cultural, lingüístico; social, político, cultural y económico; individual y colectiva; a no ser desplazados, como pueblos, de su patrimonio 
cultural histórico; a sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de sus lugares rituales y sagrados; a la educación en la diversidad; a 
ser elegidos y desempeñar cargos públicos. Expresamos nuestra voluntad de resguardar estos derechos dentro del orden público y en cumplimiento de nuestras disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Nuestros Estados tienen el deber de cautelar y garantizar la aplicación las disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos existentes en los ámbitos regional y universal, con la finalidad de asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las poblaciones indígenas, conforme al principio de no discriminación. 
Impulsaremos, en ese sentido, la elaboración y aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La consolidación de la vida democrática y el estado de derecho e nuestros países demanda políticas que aseguren la participación activa de las poblaciones indígenas en todos los ámbitos de la vida nacional. A ese efecto, los cancilleres propondrán la creación de una mesa de trabaja sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco institucional de la Comunidad Andina de Naciones, con la participación de las organizaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil y representantes de cada uno de los estados miembros, con el 
propósito de integrar plenamente a los pueblos indígenas a la vida económica, social y política de nuestros países, respetando y promoviendo al mismo tiempo su diversidad cultural. La mesa realizará su primera reunión, a la brevedad posible, en la ciudad del Cuzco.

Una alianza para la lucha contra la pobreza

Conscientes de que una auténtica y plena democracia es la base para una efectiva lucha contra la pobreza, los jefes de Estado reiteramos nuestra decisión de emprender acciones para reducir la misma en un 50 por ciento hasta el año 2015.

La justicia social es un elemento constitutivo de la democracia y es una condición indispensable para garantizar la estabilidad política y la legitimidad de nuestros gobiernos. Por ello nos comprometemos a alcanzar un crecimiento económico con equidad social que permita superar las desigualdades, la pobreza y los desafíos que enfrentan nuestras sociedades.

Expresamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación política en el proceso de integración subregional, otorgando una prioridad sustantiva a la agenda social.

Creemos que el buen gobierno y la administración eficiente y transparente, con mecanismos de participación ciudadana, constituyen factores esenciales en la utilización adecuada de 
recursos para superar la desigualdad social.

Conscientes que la corrupción atenta contra la estabilidad democrática y afecta a la lucha contra la pobreza, reiteramos la necesidad de incrementar las acciones encaminadas a la lucha 
contra la corrupción y cooperar en todas las acciones conjuntas que sean necesarias conforme al derecho internacional y a los acuerdos regionales en esta materia.

Recibimos con expectativa los acuerdos obtenidos por el Grupo de los 8, en Genóva, e instamos a que puedan concretarse de manera efectiva, especialmente con relación al alivio de la deuda externa y a la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza.

Expresamos, en ese sentido, la conveniencia de lograr acuerdos especialmente en el aumento de la cooperación no reembolsable en las políticas de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos de los países industrializados, así como el aumento 
del financiamiento de proyectos en las áreas críticas de la lucha contra la pobreza. Otorgamos especial prioridad al intercambio de deuda por proyectos de desarrollo a favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Expresamos nuestra decidida voluntad política para aprobar un nuevo arancel común antes del próximo Consejo Presidencial Andino, lo cual unido a la ejecución de los compromisos en materia de circulación de personas, pasaporte andino e integración y desarrollo fronterizo, asegurará el establecimiento del Mercado Común Andino en el año 2005.

En aplicación de los acuerdos obtenidos en la Cumbre de Carabobo y con la finalidad de impulsar la agenda social y movilizar a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la pobreza y la generación de empleo, los presidentes de la Comunidad Andina encargamos a los Ministros de Relaciones Exteriores la elaboración de una propuesta para el establecimiento de una mesa de concertación social, en el marco del foro andino aprobado en la Cumbre de Carabobo, que amplíe la participación ciudadana plena en los procesos de integración. La mesa aportará sus reflexiones para el diseño de un "Plan Integrado de Desarrollo Social Andino". 

Los presidentes de los países de la Comunidad Andina felicitamos al doctor Alejandro Toledo por su elección como Presidente Constitucional de la República del Perú, así como por el liderazgo que asumió, desde la sociedad civil, para la reinstitucionalización de la democracia en el Perú. Expresamos asimismo, nuestro reconocimiento al Presidente Valentín Paniagua y a su Gobierno por la realización de elecciones libres y justas y su destacado papel en la consolidación democrática del Perú, así como por el restablecimiento de la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Lima-Machu Picchu. 28-29 de julio de 2001

Jorge Quiroga Ramírez
Presidente en Ejercicio de la República de Bolivia
Andrés Pastrana Arango
Presidente de la República de Colombia
Gustavo Noboa Bejarano
Presidente de la República del Ecuador
Alejandro Toledo Manrique
Presidente de la República del Perú
Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

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