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Cultura, Società e Il Mondo dei Caraibi

Popoli indigeni

 

di Mariella Moresco Fornasier

 

 

 

 

 

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Qala Yampu. Imparando dagli avi sul lago Titicaca   (24 settembre 2002) 

Discriminación universitaria   (24 settembre 2002)

¿Queda esperanza para los pueblos indígenas?   (17 settembre 2002)

 

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Qala Yampu. Imparando dagli avi sul lago Titicaca

 

Indigeni boliviani e scienziati statunitensi hanno lavorato insieme per ripercorrere l’esperienza dei lontani progenitori delle popolazioni delle Ande. Si trattava di verificare la possibilità di  trasportare  un pesante masso di pietra, su una barca di giunco, verso le millenarie rovine di Tiwanaku.

 

Lo scopo dell’esperimento, perfettamente riuscito, era quello di verificare se le imbarcazioni costruite con la totora, una pianta lacustre tipica del lago Titicaca e con la quale da millenni si costruiscono agili imbarcazioni, solo apparentemente fragili, fossero in grado di sopportare il peso dei grandi blocchi di pietra utilizzati  per la costruzione dei siti monumentali delle civiltà precoloniali.

 

"Intentaremos por primera vez el transporte de piezas líticas por el lago con la tecnología andina del pasado". L’imbarcazione, caricata con grande sforzo dagli indigeni, è salpata da Copacabana, località dove sorge il santuario della Vergine patrona della Bolivia, per una traversata di quattro giorni del grande lago.

            

Anche il carico della balsa (come viene chiamata l’imbarcazione di giunco), è stato fatto senza l’aiuto di alcun macchinario. Sono stati necessari due giorni di faticoso lavoro da parte di una squadra di 30 indigeni per portare a termine il compito prefissato, ma alla fine, quando è stato completato il carico del masso, (3 metri per 1,5  e pesante 9 tonnellate) e si è verificata la tenuta della balsa, la gioia è stata grande. Grida di giubilo ed applausi hanno salutato l’inizio del viaggio sul più alto lago del mondo, situato a 3.823 metri sul livello del mare. Anche il trasporto dal porto di attracco a Santa Rosa fino al sito archeologico è stato  fatto con le tecniche che si suppone fossero usate all’epoca.

  

Il progetto, chiamato  "Qala Yampu" (pietra e barca, in lingua aymara)  ha avuto lo scopo di provare che le enormi pietre utilizzate per la costruzione del millenario sito di Tiwanaku furono trasportate attraverso il lago Titicaca su imbarcazioni di totora.

Tutto è stato fatto senza ricorrere né alle tecniche né ai materiali moderni.

L’imbarcazione è stata costruita da una famiglia aymara in otto settimane. Un primo tentativo fallì e  la grande barca, di 14 metri di lunghezza, sei di larghezze e due di altezza, senza vele adeguate, andò per cinque giorni alla deriva, sospinta dai forti venti che la incagliarono su un’isola, provocando gravi danni al timone  ed all’alberatura.

 

L’operazione di carico del masso di pietra è stata effettuata utilizzando una rampa di legno e di pietre, anch’essa costruita secondo i metodi tradizionali.

"En el experimento se ha mantenido todo a la forma tradicional (...) buscamos la mejor manera de mover una piedra de nueve toneladas y lo  logramos", ha detto l’archeologo Alexei Vranich, responsabile del progetto che è stato documentato da una equipe televisiva del National Geographic.

Vranich ed il suo gruppo stanno conducendo da cinque anni  indagini  sulla "ciudad sagrada" di una delle più antiche civiltà andine.

 

La popolazione aymara ha partecipato con molto entusiasmo al progetto, ritrovando l’orgoglio per le imprese de i progenitori. Durante le operazioni di carico dell’imbarcazione si sono svolti riti e canti, accompagnati da offerte di foglie di coda e di alcol.

 

[Mariella Moresco Fornasier]

24 settembre 2002

Discriminación universitaria

 

En el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, fue presentado la semana anterior el caso de las alumnas Angelina Olcot Tujal, Aura Ofelia Gómez, Blanca Delia López y Luz Isabel Yas, todas alumnas de los últimos años de derecho en la sede de Chimaltenango de la Universidad Mariano Gálvez, quienes fueron objeto de discriminación de parte del asesor docente José Eduardo Cojulún Sánchez, quien las reprobó por presentarse a las prácticas de casos jurídicos vistiendo sus trajes típicos.


Si protestamos porque un negocio de venta de cerveza impide el ingreso a indígenas que vistan el traje típico, cuánta mayor indignación debe provocar el que una Universidad, que se supone es el centro de enseñanza superior donde el respeto a la universalidad de ideas y criterios debiera ser la norma, adopte posturas que denigran a la población indígena, sobre todo cuando en este caso está demostrado que las autoridades superiores de la Universidad Mariano Gálvez resolvieron ya avalar las notas aplicadas por el asesor docente encargado de supervisar la práctica profesional.


Recién se aprobó una ley contra la discriminación en todas sus formas, y obviamente una de las que con más crudeza se observa en nuestro país es la que tiene origen en cuestiones raciales, como se ha demostrado en distintos casos concretos y sería bueno que con este nuevo caso, que constituye un baldón sobre una casa de educación superior que debiera ser ejemplo de respeto a la ley, no digamos de tolerancia porque no es de tolerar la presencia de indígenas sino de respetarla y promoverla, pusiéramos a prueba al régimen de legalidad de Guatemala para aplicar sanciones contra los responsables de la discriminación.


Las autoridades de la Universidad Mariano Gálvez tendrían que revisar las políticas de algunos de sus profesores y asesores docentes, para no dar ese pésimo ejemplo que daña la imagen de esa casa de estudios que opera bajo el nombre de un personaje históricamente tan discutible como el que por razones de orden religioso fue seleccionado para nombrar a la universidad. A estas alturas del Siglo XXI no se acepta ni siquiera que establecimientos comerciales discriminen a la población por cuestiones étnicas, mucho menos que lo haga una Universidad con alumnos que están por cerrar pénsum y cuyo delito es el de conservar sus tradiciones y vestir con el traje propio de sus regiones.


El traje forma parte de la identidad de los pueblos indígenas y esa intención arbitraria de impedir su uso es inaceptable, sobre todo cuando es una casa de estudios superiores, a nivel universitario, la que discrimina de esa forma a sus alumnos.

 

La Hora, Ciudad de Guatemala, 16 de septiembre de 2002

¿Queda esperanza para los pueblos indígenas?

 

Miguel León-Portilla

 

Desposeídos, marginados, discriminados y parias en su propia tierra han subsistido penosamente los pueblos indígenas de México a través de cinco siglos. En el país ya independiente, apenas en 1992 se tomó en cuenta en la Constitución su presencia. Reformado su artículo IV, se reconoció la naturaleza pluricultural de México, "sustentada originalmente en sus pueblos indígenas". Sin embargo, tal reconocimiento, además del referente a la pluralidad de lenguas, no trajo consigo respuestas satisfactorias a requerimientos y demandas que los dichos pueblos continúan expresando y que son condición necesaria para su pleno desarrollo y participación en la vida social, política y económica del país.

Tan sólo el conflicto que se ha producido en Chiapas obligó al Estado mexicano a establecer un diálogo en el que se puntualizaron tales demandas. Se formularon así los llamados acuerdos de San Andrés Larráinzar. Puntos clave en la discusión fueron el reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades de derecho público y con autonomía en sus respectivos territorios, de cuyos recursos debían ellos ser beneficiarios; su derecho a estar representados en los órganos legislativos y, por supuesto, a preservar sus lenguas y diferencias culturales.

No obstante tales acuerdos, cuando el Ejecutivo de la nación turnó a las cámaras un proyecto de reformas a varios artículos de la Constitución y a otras disposiciones, los legisladores procedieron desvirtuando los puntos clave de lo que habían sido los acuerdos de San Andrés. Los pueblos indígenas quedaron, en consecuencia, no sólo de hecho, sino también en el orden jurídico, nuevamente marginados y discriminados.

En reiterado intento, los indígenas promovieron muchos de ellos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia en relación con las dichas reformas. La resolución de ésta ha sido declarar improcedentes tales controversias. Quien formuló el proyecto de resolución, la ministra Olga Sánchez Cordero, declaró que su dictamen era "estrictamente jurídico y constitucional en este asunto, con independencia de mi sentimiento de solidaridad personal con las comunidades indígenas".

Esta resolución de la Suprema Corte ha provocado rechazo en grandes sectores de la sociedad. Algunos la han considerado al modo de Poncio Pilatos, que sencillamente se lava las manos frente el problema de fondo. Ante esta situación cabe pensar en algunos de los escenarios que podrán presentarse. Uno es la reaparición y el incremento de actos de violencia y represión, de los que ha habido últimamente brotes no sólo en Chiapas, sino también en otros estados. Otro escenario podrá darse en poco tiempo. Estamos en vísperas de las campañas electorales para renovar una parte de los miembros del Congreso de la Unión. ¿Se esgrimirán en las campañas de los candidatos de los varios partidos argumentos y promesas de reconsideración de las reformas constitucionales que se han hecho en materia indígena? ¿Negarse a revisar lo legislado contribuirá al triunfo o a la derrota de los candidatos de un partido? ¿Qué otras consecuencias podrá tener desentenderse y despreciar las demandas de los pueblos indígenas?

Un tercer escenario que a todas luces es el deseable, por no decir necesario, es justamente abocarse cuanto antes a revisar las reformas que se han hecho y reformar de nuevo, en consonancia con las demandas y los acuerdos, los artículos de la Constitución y de otras leyes que, en materia indígena, lo requieran. Y en esto el Presidente de la República puede jugar un papel muy importante. Recordemos que fue él quien sometió al Congreso un proyecto mucho más apegado a los acuerdos de San Andrés y a lo propuesto por la Cocopa.

El presidente Vicente Fox debe conocer el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este documento ha sido ratificado por México y en consecuencia tiene aquí fuerza de ley. Mucho de lo que en el Convenio 169 se establece concuerda sustancialmente con las demandas de los pueblos indígenas. Si el Presidente exige el cumplimiento de lo establecido en él, estará dando un paso de obvias consecuencias.

¿Aprovechará el presidente Fox esta coyuntura para fortalecer su imagen política? ¿Será él, como titular del Poder Ejecutivo, o los integrantes del Legislativo los que actuarán en este asunto de prioridad nacional y elemental justicia?

Si una de estas posibilidades, o ambas, se convierten en realidad, entonces la resolución de la Suprema Corte de Justicia, paradójicamente, habrá sido detonante de un proceso que otorgará a los indígenas lo que con derecho reclaman. Reavivarán así la esperanza de situarse en el ser pleno del país, con la riqueza de su personalidad, fincada en su legado cultural que tanto ha contribuido a configurar el rostro y el corazón de México.

 

La Jornada, México C.F. -  10 de septiembre de 2002

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