Madera certificada: una esperanza que crece

Antonio Pita    pitajim@terra.es

Periodista Agencia de Información Solidaria

Apenas supone una mínima parte del comercio maderero mundial, pero la madera certificada se ha convertido en una pequeña esperanza para nuestros bosques.

La certificación consiste en un sello que acredita que productos de origen forestal (madera, papel, tableros, carbón...) han sido extraídos de bosques bien gestionados desde un punto de vista no sólo económico, sino también social y ambiental. Es decir, garantiza que su compra no contribuye a aumentar los graves problemas a los que se enfrentan los bosques del Planeta y sus habitantes: deforestación, explotación abusiva, tala ilegal, pérdida de biodiversidad, etc. Algo fundamental si tenemos en cuenta que cerca del 28% de la superficie terrestre está cubierta de bosques y las dos terceras partes de estas masas forestales están sometidas al aprovechamiento comercial de su madera. De hecho, cada minuto se pierden unas 26 hectáreas de bosque en cualquier parte del mundo, casi 14 millones de hectáreas al año.

La idea de la madera certificada surgió de un cambio de estrategia por parte del movimiento ecologista. En la década de los ochenta, las organizaciones ambientales habían decidido boicotear de forma sistemática la madera tropical en respuesta al fracaso que supuso la liberalización del comercio maderero internacional. Aunque el boicot atrajo la atención sobre el problema de la destrucción de los bosques, no se podía considerar como una solución a largo plazo y, además, podía tener efectos no deseados, como la conversión de bosques en tierras de cultivo o un incremento del uso de productos -el PVC o el aluminio, por ejemplo- menos ecológicos que la madera. A su vez, al centrarse en los bosques tropicales, el boicot descuidaba la pérdida de biodiversidad en los bosques europeos y norteamericanos. Fue así cómo, a principios de los noventa, se creó el concepto de certificación forestal y etiquetado de la madera.

En la actualidad existen diversos sistemas de certificación: nacionales, como el Canadian Standard Association (CSA), la Sustainable Forestry Initiative (SFI) o el American Tree Farm System; regionales, como el Pan European Forest Certificate (PEFC); etc. Sin embargo, el Forest Stewardship Council (FSC) es el único sistema que cuenta con el apoyo de las principales ONG ecologistas o de conservación -el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en sus siglas en inglés), Greenpeace o Amigos de la Tierra- porque es el único aplicable mundialmente, con criterios de certificación exigentes y formado por representantes de países del Norte y del Sur que se reparten el poder de decisión de forma equilibrada. Desde su fundación, el FSC ha experimentado un crecimiento notable. En 1995, apenas alcanzaba los 4 millones de hectáreas certificadas de bosques y plantaciones; y contaba con 97 miembros de 25 estados. En la actualidad ha certificado más de 40 millones de hectáreas y tiene unos 600 miembros en 71 países diferentes. El 63% del área certificada por FSC se encuentra en Europa (un 40% sólo entre Suecia y Polonia) y entre Canadá y Estados Unidos albergan un 20% del total mundial.  

Pese a ser hasta un diez por ciento más cara que la común, la demanda de madera certificada también aumenta. Esto se debe a que, gracias al sello, el consumidor puede identificar aquellos productos madereros que favorecen una gestión sostenible y “premiar” a las empresas y propietarios de bosques comprometidos con el medio ambiente. Es lo que, en economía, se denomina “valor añadido”: un factor que concede una ventaja comparativa a una empresa respecto a sus competidores en el sector. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España y WWF/Adena, un 40% de los consumidores españoles estaría dispuesto a pagar entre un 10 y un 14 por ciento por encima del valor de un mueble para proteger el medio ambiente.

Otro motivo de esperanza es el creciente apoyo de las administraciones públicas a la madera certificada. Un apoyo en forma de políticas de adjudicaciones públicas que, en la contratación de obras y suministros, exijan madera certificada. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, diversos ayuntamientos europeos ya participan de esta iniciativa. Es el caso de Rotterdam (Holanda); Oranienburg (Alemania); Habo (Suecia); Horsham (Reino Unido)... a los que se acaba de unir, en diciembre pasado, el ayuntamiento de Barcelona, en España. Resulta evidente que, con una cuota de mercado de un 16% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea, la adjudicación pública supone un instrumento potencial de enorme importancia.

Acostumbrados, como estamos, al bombardeo de noticias sobre catástrofes medioambientales, es fácil caer en el “ecopesimismo” y olvidar que existen -por pequeños que sean- motivos para la esperanza. La madera certificada es buena prueba de ello. Ahora, es la sociedad civil quien puede, desde una doble faceta, ayudar a que este sistema crezca: como ciudadanos, exigiendo a nuestros gobernantes que apoyen su adquisición; y como consumidores, comprando productos forestales de manera responsable. 

www.infosolidaria.org   15/1/2004

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