Brasil
- ¿Privatizaran el pulmón del Mundo?
Crece la polémica por un proyecto de privatización del Amazonas
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Se trata de una iniciativa gubernamental fundada en la
búsqueda de la gestión y del uso sustentable de los
bosques que se ubican en el estado de Amazonas y
contempla tres modalidades de aplicación: las unidades
de conservación, el uso comunitario por indígenas y
pobladores tradicionales y, la más polémica, la
concesión de parcelas dedicadas a la explotación
forestal limitada a empresas privadas.
Este último punto establece un régimen de licitaciones
para empresas privadas, supuestamente sometido a
rigurosas normas establecidas por el Estado, pero aun
sin definiciones precisas. 'Entre las organizaciones
ambientalistas surgen opiniones diversas. Están los que
rechazan la posibilidad de confiar al capital privado la
defensa de una de las zonas más ricas en biodiversidad a
nivel planetario, y quienes sostienen que, con un
adecuado control público, se trataría de un camino
apropiado para la erradicación de negocios ilegales y
depredadores del medio ambiente y los recursos
naturales', explicó el economista argentino y
especialista en el tema, Julio Gambina.
El secretario de Bosques y Biodiversidad del Ministerio
de Medio Ambiente de Brasil, Joao Paulo Capobianco,
sostuvo que la iniciativa del gobierno 'permite la
concurrencia a licitación de cualquier empresa
constituida en el país, aunque sea controlada por
capital extranjero, pero ello no significa
privatización, ya que la propiedad de la tierra seguirá
siendo pública'.
La región amazónica brasileña cubre más de cinco
millones de kilómetros cuadrados. De esa área, el 25 por
ciento ya es propiedad privada, y el 29 por ciento está
ocupado por unidades de conservación y reservas
indígenas.
Actualmente, la deforestación total alcanza a unos
500.000 kilómetros cuadrados, a un ritmo de 19.000 por
año. El gobierno del Brasil, que posee el 60 por ciento
de ese territorio, se ha preocupado por el problema e
impuso normas según las cuales sólo el 20 por ciento de
la superficie boscosa puede ser 'limpiada' con miras a
su utilización en agricultura. Por ello canceló las
licencias de las compañías explotadoras de madera que
mostraban irregularidades.
Muchos de los países que forman parte de la cuenca
amazónica (Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, entre
otros) necesitan aumentar sus exportaciones para obtener
recursos que puedan ser aplicados al pago de sus
respectivas deudas externas. Los incentivos
gubernamentales para el uso de la tierra amazónica en
emprendimientos agrícolas obtienen buenos rindes
económicos inmediatos pero por otro lado generan efectos
ecológicos de signo contrario.
La expansión de las fronteras productivas siempre
provocó altos índices de deforestación pero en las
últimas tres décadas ese proceso adquirió un ritmo
vertiginoso, provocando un desgaste en la masa de
biodiversidad de imprevisibles consecuencias. Las voces
críticas al proyecto gubernamental sostienen que la
privatización del territorio implicará la necesaria
privatización de la biodiversidad.
Sin embargo, lo que más preocupa a esos críticos es que
la propuesta gubernamental aparece inmersa en el
proyecto denominado 'Canje de deuda por naturaleza',
impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Se trata de un programa que prevé una quita de las
deudas externas latinoamericanas a cambio de una cesión
considerable de territorios ricos en recursos naturales.
En realidad, el primer proyecto privatizador fue el
intento de Estados Unidos de convencer al gobierno
brasileño para que acceda al reconocimiento del Amazonas
como Patrimonio de la Humanidad, iniciativa que aún no
prosperó.
El plan 'Canje de deuda por naturaleza' está
estrechamente relacionado con proyecto ALCA (Acuerdo de
Libre Comercio para las Américas), desde donde se
manejarían los subsidios a las exportaciones, aunque lo
más peligroso se encuentra en los 4 capítulos finales de
esa iniciativa impulsada por Estados Unidos, referidos a
inversión, competencia, propiedad intelectual y solución
de controversias.
Elsa Bruzzone, experta del Centro de Militares por la
Democracia Argentina (CEMIDA), explicó al respecto que
esos capítulos finales 'obligan a los estados
suscriptores del ALCA a poner todos sus servicios
públicos y emprendimientos referidos a recursos
naturales al servicio de explotaciones privadas. De la
misma forma, los estados podrán generar políticas
ambientales sólo en la medida que las mismas no impidan
las inversiones extranjeras, tanto en agua como en
biodiversidad. Por el mismo proyecto, los países
suscriptores tampoco podrán someter a sus tribunales
locales los conflictos que puedan surgir del Acuerdo.
Por el contrario, la única jurisdicción que se prevé es
la de los jueces estadounidenses'.
El ofrecimiento de recursos naturales como garantías
para el endeudamiento público ya ha tenido lugar en
varios casos. Entre otros vale recordar el del
'salvataje financiero' de México, cuando el estallido de
la llamada Crisis del Tequila, en 1995. En esa
oportunidad, el FMI incluyó como respaldo para los
nuevos créditos a una parte importante de la producción
petrolera mexicana.
En la Patagonia argentina, varios gobiernos provinciales
apoyados por la petrolera hispano-estadounidense
Repsol-YPF realizaron encuestas para medir el pulso de
la población respecto de posibles aplicaciones del
programa de canje de deuda por territorio. 'En rigor, se
trata de un accionar ideológico tendiente a justificar
la dominación y la apropiación territorial y de los
recursos naturales por parte del capital transnacional',
afirmó Gambina.
'El plan recientemente anunciado por el gobierno de
Brasil para la posible privatización de las
explotaciones amazónicas podría significar la entrega de
territorios a gobiernos provinciales y municipales
estrechamente ligados con corporaciones privadas de
Estados Unidos y de la Unión Europea (UE). Se llevarían
hasta el último árbol y la última especie animal. Se
intensificaría la desertificación y desmonte con el
objetivo de incrementar la siembra de soja transgénica,
envenenar la tierra, el agua y el medio ambiente',
consideró Bruzzone.
Supuestamente, la Amazonia es prioridad del gobierno del
presidente Lula. Así lo afirmó el ministro de Ciencia y
Tecnología de Brasil, Eduardo Campos, en el marco de la
56 Reunión Anual de la Sociedad Brasileña para el
Progreso de la Ciencia, realizada en Cuiabá, Mato Groso,
en julio pasado. Además, allí se dijo que se destinarán
para la región amazónica hasta diciembre de este año
unos 5 millones de dólares para financiar becas de
maestrías y doctorados en la región. El funcionario
añadió que, actualmente, cerca de mil especialistas
tienen como objeto de sus investigaciones la floresta
amazónica.
Según Campos, de 2004 a 2007, las inversiones totales
del gobierno federal en ciencia, tecnología e innovación
serán de 12.500 millones de dólares, el 54 por ciento
más que la cuantía aplicada entre 2000 y 2003. Campos
dijo que las inversiones del Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico en el área llegarán
a 221 millones de dólares.
Para impedir la venta de terrenos en el Amazonas, el
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria
(INCRA) comenzó a implantar nuevas técnicas de
identificación de áreas públicas y privadas. El
presidente del Instituto, Rolf Hackbart, dijo que la
fiscalización del INCRA en el Amazonas será realizada
con fotografías satelitales. 'Este es un programa para
que sea implementado en nueve años, pero ya se ha
iniciando en varias regiones, y el Norte es prioridad',
señaló Hackbart.
A fines de setiembre de este año, Brasil tendrá un
satélite disponible: el Amazonas, fundamental para el
monitoreo constante de la zona. Pertenece a la empresa
Hispamar, de origen brasileño pero controlada por la
española Hispasat, que quiebra el monopolio ejercido
hasta entonces por el satélite Star One, de la
corporación estatal Embratel. El nuevo satélite quedará
ubicado sobre la región amazónica y será el primero con
cobertura en banda C y KU para toda América y parte de
Europa y Africa.
El ALCA propone que todo sea patentable, ya sea como
producto o como procedimiento. La patente permite
controlar o prohibir la fabricación, multiplicación,
uso, venta, distribución, exportación e importación de
un producto. Autoriza a las empresas titulares de
patentes, específicamente a los laboratorios, a
apoderarse del conocimiento aportado por las comunidades
ancestrales y originarias, con el compromiso de que
cuando esos productos den ganancia, las mismas sean
compartidas.
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