La lucha contra las maras se ha sumado a la agenda de prioridades de las policías centroamericanas y a raíz de la reforma penal aprobada por el Congreso Nacional, las autoridades han formado un frente común ante estos antisociales.

En una reciente reunión de jefes policiales de Centroamérica realizada en San Salvador acordaron intercambiar datos para controlar un eventual movimiento de pandilleros juveniles perseguidos por leyes especiales en Honduras y El Salvador.

El ministro de Gobernación Eduardo Urcuyo informó que la medida fue acordada por las instituciones de seguridad de la región en una reciente reunión.

Una ley contra "las maras" o bandas de pandillas fue promulgada recientemente en Honduras lo cual originó la posibilidad que pudieran emigrar a los países vecinos como Nicaragua.

Unidos contra maras

La comisionada Coralia Rivera preside la Subcomisión de Seguridad del Sica expresó que en la reunión de jefes de policía de Centroamérica se ha discutido y analizado el problema de las maras.

Se les ha pedido que tomen medidas preventivas del caso para que el problema de las maras en Honduras, no sea problema de ellos, sino que ayuden a contrarrestarlo, aplicando sus propias medidas de seguridad para tratar de combatir el fenómeno de las maras a nivel de la región, cada quien aportando un granito de arena.

Se trata de unir fuerzas para llegar al objetivo final que es el convencimiento de los integrantes de maras para cambiar de aptitud y dejar de confrontar con la sociedad.

Huyen de Honduras

Por su parte, el ministro de Seguridad, Oscar Alvarez cree que con la reforma del artículo 332 del Código Penal que condena con nueve años de cárcel a los jefes de pandillas, muchos de ellos están huyendo hacia los países del área Centroamericana por puntos ciegos en las fronteras.

Se tiene información de los países vecinos y sobre todo de México que pandilleros que estuvieron en Estados Unidos y que llegaron a Honduras deportados o por su propia iniciativa, están tratando de regresar ya que sienten temor de ser capturados y puestos a la orden de los juzgados, ya que las penas que se aplicarán oscilan entre tres y doce años.

Es por eso que se están movilizando de las áreas principales de operaciones, es decir, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Siguatepeque y Comayagua a otros países o a las zonas rurales.

El funcionario dijo que tienen unidades especiales para dar capturas a personas que son denunciadas por cometer delitos, además mantienen fuera de balance a los jefes y simpatizantes de maras.

Alvarez asegura que la policía está ejerciendo una vigilancia en las fronteras de Honduras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Sobre la determinación que han tomado los juzgados de enviar a los centros penales de procedencia de los integrantes de grupos ilícitos, el ministro de Seguridad manifestó que es una situación que puede ser cambiada en cualquier momento debido a que la Corte Suprema para evitar riesgos a la ciudadanía y a los mismos detenidos se puede cambiar esa situación.

Hasta la fecha se han capturado a 89 líderes de maras, los cuales se encuentran en las cárceles del país, lo que significa que ni en 18 meses se había logrado capturar a un número similar.