El representante regional de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Roberto Carretón, criticó al gobierno panameño por endurecer, mediante un proyecto de ley, las penas de prisión contra menores.

Garretón manifestó que este plan de medidas represivas impulsado por el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso viola los derechos del niño, al equiparar el sistema de justicia penal para adultos con el de los adolescentes, y contemplar incluso la pena de muerte.

Según el Comité de Derechos del Niño de la ONU, estadísticas recogidas en la última década en Panamá muestran que la delincuencia juvenil no es la más grave y que el 80 por ciento de los delitos son cometidos por adultos.

En ese contexto, la Oficina Regional del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) rechazó en un comunicado la propuesta del poder gubernamental de esta nación istmeña para modificar La ley 46 de junio de 2003.

La entidad precisa que ese cambio violaría los artículos 37 y 40 sobre la Convención de los Derechos del Niño, rubricada por las autoridades panameñas en diciembre de 1990.

El nuevo proyecto legislativo contempla el recrudecimiento de las penas carcelarias contra niños y jóvenes en delitos considerados graves como el homicidio doloso, violación, secuestro, robo armado y tráfico de drogas y terrorismo, entre otros.

De aprobarse este plan gubernamental, los menores podrían ser juzgados en tribunales a partir de los 13 años de edad y no los 18 como hasta ahora, con penas de presidio de siete y hasta 20 años.

Organizaciones humanitarias en los últimos días denunciaron en un comunicado que es inaceptable el gobierno panameño evalúe la posibilidad de retirarse de ese convenio para poder instaurar la pena capital.

Mientras, en el plano interno la presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos del Niño, Gloria Young, expresó que al someterse a consulta este proyecto, la mayor parte de las personas encuestadas se opusieron a su puesta en práctica.

Varias organizaciones sociales rechazaron la propuesta entender que una equiparación de las sanciones a los menores a las de los adultos no resolvería en nada la actual situación de violencia existente en el país.

La solución de los problemas de delincuencia en la nación istmeña reside no sólo en la aprobación de leyes sino también en el diseño de medidas preventivas y de intervención temprana, consideraron.

Por su parte, la Presidenta panameña anunció que propondrá al Parlamento otra reforma para instaurar la cadena perpetua y dictar una ley contra los pandilleros juveniles, como parte de un programa para combatir la delincuencia común y organizada.

www.argenpress.info       25/07/2004

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