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Hacia la privatización de los
servicios públicos
Paola Alvarez (AIS)
Faltan tan sólo tres meses para
que se cierre la última ronda de comercio mundial de la OMC que
incluye el fin de las negociaciones en torno al Acuerdo General
del Comercio de Servicios, AGCS o GATS en sus siglas en inglés. A
estas alturas, las negociaciones que rodean este acuerdo siguen
siendo una incógnita para la sociedad civil, desinformada e
ignorada desde el principio. La privatización de los servicios públicos
y las nefastas consecuencias que puede tener sobre los países en
desarrollo y el medio ambiente son las principales amenazas de un
acuerdo con vocación de abrir al 'mercadeo' internacional las
pocas puertas que quedaban cerradas.
El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios nació en 1995 con
la Organización Mundial del Comercio. Se trata de un acuerdo
marco que incluye una serie de obligaciones para todos los países
miembro, pero cuyo mayor peligro reside en las ampliaciones y
acuerdos específicos que dentro de él puedan hacerse. Por eso, a
pesar de su antigüedad, no ha empezado a preocupar hasta hace un
par de años, en el momento en que las negociaciones empezaron a
tomar fuerza. El acuerdo que precede históricamente a la OMC, el
GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) sólo
abarcaba el comercio de mercancías, comercio que el AGCS amplía
al suministro de servicios y que, por tanto, afecta aún más
directamente a las personas que viven en los países signatarios
ya que se ven involucrados tanto en la prestación como en la
recepción de estos servicios, muchos de ellos tradicionalmente públicos
y gratuitos en Europa.
Fue en la reunión ministerial celebrada en Doha, en noviembre del
2001, donde se decidió reavivar el acuerdo y emprender un proceso
de negociaciones que se conoció como 'demandas - oferta'. El
proceso establecía dos plazos. El primero, hasta junio del 2002,
para que cada miembro presentara las demandas de los servicios que
quería ver liberalizados en otros países; y el segundo, hasta
marzo de 2003, para presentar las ofertas de liberalización de
sus propios servicios. Una vez presentadas todas las propuestas,
comenzaría el proceso de negociaciones que está teniendo lugar
actualmente y que terminará en enero de 2005.
El peligro en Europa
La oferta conjunta presentada por la Unión Europea comienza con
la siguiente declaración: 'La presente oferta no debe
interpretarse en modo alguno como una propuesta de privatización
de empresas públicas, ni como una forma de impedir que la
Comunidad y sus Estados miembros regulen los servicios públicos
para cumplir los objetivos de sus políticas nacionales'. Sin
embargo, basta con leer el primer apartado de compromisos
horizontales sobre limitaciones al acceso a los mercados para
dudar de esta primera afirmación. La UE declara en su oferta en
lo relativo a la presencia comercial de empresas extranjeras para
todos los sectores que: 'En todos los Estados miembros de la CE,
los servicios considerados servicios públicos a nivel nacional o
local pueden estar sujetos a monopolio público o a derechos
exclusivos otorgados a empresarios privados' . De esta forma se
reserva el derecho de mantener los servicios públicos en manos
del estado, pero también deja abierta la posibilidad de
injerencia de capital privado en sectores como la salud, el medio
ambiente o el transporte.
Los únicos servicios que quedan fuera del alcance del AGCS son
los bancos centrales, la justicia, la policía y la defensa
nacional. A pesar de que las negociaciones se han llevado de
manera casi secreta, la OMC, ante la presión de ONG, sindicatos,
grupos antiglobalización e incluso algunos gobiernos, ha hecho públicas
muchas de las ofertas (que no de las demandas) de sus estados
miembro. En lo publicado se aprecia que, aunque en un primer
momento se establezcan restricciones a la injerencia de la empresa
privada en la mayoría de sectores públicos europeos (como
Francia que impone una limitación de las inversiones privadas en
empresas de cotización pública del 20%), la puerta queda abierta
para posteriores ampliaciones que, sin duda, irán llegando en
nuevas rondas de negociación.
El peligro para los países
en desarrollo
Pero como siempre, y a pesar de la comprensible preocupación de
muchos sectores de la sociedad civil europea por perder ciertos
derechos básicos como el acceso a la educación o la sanidad, los
más amenazados con los primeros resultados del AGCS serán los países
más pobres o en vías de desarrollo.
La mayoría de estos países ya han tenido que liberalizar muchos
de sus servicios a cambio de acuerdos y créditos (por qué no
llamarlo por su nombre, chantajes) con el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, así que con el AGCS la situación sólo
puede ir a peor. La OMC asegura que se tomarán medidas para el
acceso de los países pobres a más mercados y canales de
distribución y se buscará la participación creciente de los
mismos en las redes de información. Según ellos, estas medidas y
el principio obligatorio de la nación más favorecida fomentará
el desarrollo y la prosperidad en estos países. Esto es, a todas
luces, falso.
Para comprobarlo no hace falta tener acceso directo a las
negociaciones, basta con saber, por ejemplo, que de las 109
demandas que se sabe que presentó la Unión Europea en junio de
2002, 94 iban dirigidas a países en desarrollo. Muchas de las
demandas que hace la UE se refieren a sectores que ella no deja
abiertos a la inversión de otros, como el suministro de agua
potable, los servicios de protección del medio ambiente o la sanidad. Un informe elaborado por la World
Ecology, Economy and
Development (WEED) a petición de la fundación alemana Heinrich
Böll,
explica cómo el AGCS puede convertirse en una prolongación de
los chantajes del BM y el FMI: los requerimientos de la UE a países
en vías de desarrollo afectan además justamente aquellas áreas
en las que los gobiernos aplican explícitamente políticas de
estabilización y protección de la economía nacional, como el
turismo en la India o el comercio minorista en Tailandia. Asimismo
se reclama la liberalización del agua potable también allí
donde funcionan estructuras muy buenas, como en Porto Alegre,
Brasil, o en Santa Cruz, Bolivia (...) A cambio de los eventuales
compromisos del norte, los países en desarrollo se ven obligados
a asumir numerosas obligaciones de liberalización en el sector
servicios. (La divisa es: '¿Quieres un mayor acceso al mercado
agrícola europeo? ¡Pues abre primero tu red de suministro de
agua a los grupos económicos europeos!').
Irreversible
De todos los problemas que presenta el acuerdo, quizá el más
preocupante es su naturaleza irreversible en la práctica (la teoría
está bien elaborada para no dar esa impresión). Una vez
liberalizado un servicio determinado, un país puede revocar esta
decisión a los 3 años si observa que el impacto en su economía
es negativo. El problema es que a cambio debe liberalizar otro área
y las empresas de los países afectados deben aprobar el cambio o
recurrir a los tribunales de arbitraje. Si este tribunal estimase
que la decisión perjudica a las empresas, el país debería hacer
frente a las multas que se le impusieran (algo que apenas se puede
permitir un país del norte, por no hablar de los países en
desarrollo).
Las voces críticas llevan años pidiendo informes del impacto que
el AGCS puede tener en las economías, en la calidad de los
servicios, en los precios... y la OMC sigue negociando en secreto (el caso de la Unión Europea es
increíble, sólo la Comisión
tiene acceso a las negociaciones. Ni el Parlamento, ni los
gobiernos de los países...)
Nos queda poco para conocer los primeros resultados y no hay
muchas esperanzas de que vayan a ser menos negativos de lo que se
cree. Este artículo sólo incluye las que, en mi modesta opinión,
son las principales amenazas o al menos las más inmediatas, pero
hay muchas más. Las restricciones a las subvenciones (que afectarán
a las ONG y los servicios estatales), la influencia de los lobbys
(los magnates de la industria de servicios que sí son consultados
y que pretenden eliminar las pocas barreras que Europa quiere
mantener), el aumento de la marginación regional y social, la
reducción de la protección medioambiental... Suena demagógico,
pero el AGCS es verdaderamente una amenaza 'global'. Los grupos de
poder de la OMC intentan mantenernos cada vez más al margen de
sus negociaciones. Primero Seattle y después Cancún les han enseñado
que cada vez es más difícil alcanzar acuerdos con países que se
''envalentonan' ante el apoyo social. De momento vamos a seguir al
margen de las decisiones, pero que no nos tomen por tontos; el
AGCS no busca ni el bienestar de la población ni la mejora de los
servicios públicos ni el desarrollo de los países pobres, sólo
la liberalización de más mercados y el enriquecimiento de los
amos del mundo.
www.argenpress.info
2/10/200
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