José Aylwin / Mapu-express   

Abogado y director del Observatorio de  Derechos de los Pueblos indígenas.

Este mes se cumplió un año desde que el Relator de la  ONU para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen,  presentara su informe sobre Chile ante la Comisión de  Derechos Humanos de esta organización internacional. En  dicho Informe Stavenhagen señaló que a pesar de los  avances verificados los últimos años en el país en la  materia, los indígenas siguen viviendo una situación de  marginación. Constató además las limitaciones del  ordenamiento jurídico vigente para la protección de sus  derechos. Criticó la criminalización de las demandas  indígenas y las acusaciones en su contra por delitos  'terroristas' por hechos relacionados con sus reclamos  de tierras. Propuso al gobierno la declaración de una  amnistía general para los indígenas procesados por  dichos reclamos. Recomendó al Estado desarrollar  acciones legislativas, administrativas, políticas y  económicas con miras a lograr un mayor reconocimiento y  vigencia de estos derechos, así como la creación de  mecanismos de dialogo para la resolución de los  conflictos interétnicos.

Lamentablemente, a un año del Informe, no son muchos los  avances que se pueden observar en el cumplimiento de las  recomendaciones del Relator. En materia social el  Coordinador de Política Indígena de gobierno, Jaime  Andrade, dio cuenta hace poco ante la Comisión de  Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de una serie de  acciones públicas en beneficio de los indígenas. Estas  incluían un programa especial de Chile Solidario, la  política de tierras - que habría significado la  trasferencia de 230 mil has. a indígenas entre el 2000 y  el 2004- , el programa de becas indígenas - que totalizó  33 mil el 2005-, y el Programa de Educación  Intercultural Bilingüe.

Se trata de iniciativas valorables. Estas, sin embargo,  deben ser analizadas con mayor profundidad para  determinar sus reales implicancias en favor del  desarrollo indígena. La política de tierras indígenas,  por ejemplo, ha adolecido de muchos defectos, como no  haber ido acompañada de programas de apoyo al  desarrollo. Por otro lado, la mayor parte de las tierras  consideradas como trasferidas a indígenas, son en verdad  tierras ancestrales indígenas cuya propiedad es  regularizada. Más grave, la desprotección en que se  encuentran las tierras indígenas, así como los recursos  naturales y culturales que hay en ellas, frente a  proyectos de inversión, sigue siendo la misma. La  central Ralco, que hace exactamente un año atrás  inundara, sin previo aviso, un cementerio indígena en  momentos en que la comunidad dialogaba con CONADI en  torno a su relocalización, es un ejemplo de ello. La  forestación por privados con especies exóticas -con el  apoyo del Estado- de tierras indígenas o tierras  reclamadas por sus comunidades, se mantiene hasta la  fecha con grave impacto para las comunidades y su medio  ambiente.

Otra realidad que sigue vigente es la del  desconocimiento jurídico de los derechos indígenas. Para  enfrentar esta situación el ejecutivo ha propuesto  recientemente al Congreso Nacional un proyecto para  lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos  indígenas. La iniciativa, si bien incorpora al artículo  1 el reconocimiento a los 'pueblos indígenas que habitan  el territorio nacional', no considera, como lo hacen los  textos constitucionales de numerosos países  latinoamericanos, y lo propone el Informe de la Comisión  de Verdad Histórica y Nuevo Trato, el reconocimiento de  derechos políticos, territoriales o culturales que  permitan que este reconocimiento resguarde efectivamente  a los indígenas en el país.

Esta situación se ve agravada con la negativa del  parlamento de ratificar el Convenio 169 de la OIT, el  instrumento internacional más relevante de protección de  derechos indígenas.

Finamente, en materia de justicia, el ejecutivo siguió  durante 2004 haciéndose parte en juicios por hechos  ocurridos en el marco de los conflictos de tierras que  involucran a los mapuche, solicitando la aplicación de  la ley antiterrorista. Tales juicios, que obstaculizan  el debido proceso al permitir el uso de testigos sin  rostro, así como la detención preventiva por largos  períodos de los imputados, han resultado en la condena  de cerca de una decena de mapuche a elevadas penas de  cárcel, en algunos casos - como el de los lonkos Pichún  y Norín- a cinco años y un día por la mera amenaza de  una acción calificada arbitrariamente como terrorista.

En un intento por explicar esta conducta, Jaime Andrade  señaló ante la ONU que la legislación antiterrorista en  estos casos ha sido invocada solo en situaciones de  'extrema gravedad', y que en ningún caso han estado  encaminadas a criminalizar al movimiento indígena.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades desde el  Observatorio, no se trata de no perseguir los delitos  que puedan haber cometido los mapuche en el marco de  estos conflictos, sino de hacerlo utilizando para ello  la legislación ordinaria, y no tipos especiales como el  de la ley antiterrorista que no se ajusta a los hechos  que quiere sancionar. Del mismo modo, hemos sostenido  que el gobierno y el Ministerio Público deben perseguir  también, con el mismo celo que en estos casos, los  delitos cometidos en contra de mapuche, como aquellos  que son imputables a propietarios agrícolas aledaños a  sus comunidades o los abusos policiales que, no en pocas  oportunidades, se han registrado en sus comunidades,  afectando incluso a niños y ancianos.

La voluntad manifestada por el Subsecretario Andrade de  no utilizar la legislación antiterrorista en contra de  los mapuche sino en casos de extrema gravedad se pondrá  a prueba en el nuevo juicio que deberá realizarse en  Temuco en contra de los mapuche a quienes el Ministerio  Público, el mismo gobierno y particulares, entre ellos  el ex Ministro Figueroa, acusó de integrar una  asociación ilícita terrorista. Ello luego de que la  Corte Suprema anulara el fallo absolutorio del Tribunal  Oral en lo Penal de esta ciudad en esta causa.

Dada la inexistencia de pruebas que permitan demostrar  que los acusados son parte de una asociación que reviste  caracteres de ilícita y terrorista, el gobierno tiene  aquí una buena oportunidad para demostrar, a través de  su desistimiento en la causa, su voluntad de no  criminalizar las demandas de los mapuche como lo  solicitara el Relator Stavenhagen en su Informe.

Esperamos que así sea.

www.argenpress.info   24/04/2005

Latinoamerica-online 

Ass. Cult. Imago Mundi - Direttore  responsabile Mariella Moresco Fornasier