 El eje indigena del mal
Gustavo González
La problemática
indígena aparece integrada a lo que Estados Unidos
vislumbra como amenazas futuras a su hegemonía, tal como la
inclusión de tres países en el 'eje del mal' (Irak, Irán,
Corea del Norte), fue un adelanto de guerras e invasiones
por venir. Las aprensiones atribuidas al NIC suscitaron
diversas reacciones en líderes indígenas y expertos
consultados y, del mismo modo, tienen grados diferentes de
aplicación de acuerdo a la naturaleza y
volumen de los conflictos étnicos en los países de la región
y su posible relación con otros factores de 'inestabilidad'
en la mira de Washington.
En Estados Unidos existe
'una percepción sobre los pueblos indígenas como un factor
de desestabilización y terrorismo', que contribuye a que en
algunos gobiernos latinoamericanos se opere una 'criminalización
de sus demandas', dijo el abogado José Aylwin, del
Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la
Frontera de Temuco (670 kilómetros al sur de Santiago de
Chile).
Pedro Cayuqueo, director del periódico Azkintuwe, también
de Temuco, escribió que el 'irredentismo indígena'
latinoamericano y el radicalismo islámico son considerados
amenazas a la seguridad y a la hegemonía de los Estados
Unidos en el projecto 'Global Trends 2020 -Mapping the
Global Future' (Tendencias globales 2020- Cartografía del
futuro global), redactado por el Consejo Nacional de
Inteligencia de ese país.
Este consejo, conocido como NIC por sus siglas en inglés,
trabaja con 13 organismos estatales, incluyendo a la CIA (Agencia
Central de Inteligencia), y se asesora con expertos
estadounidenses y de otros países. Su informe es 'un
verdadero escáner contrainsurgente' para escenarios
prospectivos hacia el año 2020, según Cayuqueo.
Como parte de los insumos de su informe, NIC organizó 12
conferencias regionales en todo el mundo, una de ellas en
Santiago, en junio de 2004. La emergencia indígena y el
refuerzo de las identidades étnicas, apuntó el periodista,
pasan en esa perspectiva a ser objetivos de la 'ingeniería
militar de la llamada guerra de baja intensidad, un remozado
esquema de la Doctrina de Seguridad Nacional', matriz de la
intervención estadounidense en América Latina desde los años
60 hasta el fin de la guerra fría en 1991.
La problemática indígena aparece así integrada a lo que
Estados Unidos vislumbra como amenazas futuras a su
hegemonía,
tal como la inclusión de tres países en el 'eje del mal' (Irak,
Irán, Corea del Norte), fue un adelanto de guerras e
invasiones por venir. Las aprensiones atribuidas al NIC
suscitaron diversas reacciones en líderes indígenas y
expertos consultados por y, del mismo modo, tienen grados
diferentes de aplicación de acuerdo a la naturaleza y
volumen de los conflictos étnicos en los países de la región
y su posible relación con otros factores de 'inestabilidad'
en la mira de Washington.
La amenaza andina
La subregión andina es el área más candente por el
protagonismo político de los movimientos indígenas en
Bolivia y Ecuador, pero también por la incidencia en el
mundo aborigen de fenómenos como el conflicto armado
interno y el narcotráfico, sobre todo en Colombia, aunque
también con expresiones en Perú y la propia Bolivia.
Siempre en torno a Los Andes, organizaciones mapuches del
sur de Chile y de Argentina radicalizaron en los últimos años
sus demandas de tierras y exigen formas de autonomía y
resguardos de su cultura y su entorno ambiental, amenazados
por inversiones mineras y forestales, a menudo de empresas
transnacionales favorecidas por los gobiernos.
'Las naciones indígenas y originarias ejercen y conservan
una profunda esencia democrática en su organización y
decisiones, pero las transnacionales son responsables de
promover la exclusión de los grupos mayoritarios y empujan
a la violencia que podría traducirse en la lucha armada',
dijo a en Bolivia el líder aymara Juan de la Cruz Vilca.
En Bolivia, 70 por ciento de los 9,2 millones de habitantes
se identifican con pueblos autóctonos, y el movimiento indígena
reivindica hoy junto a otros sectores la convocatoria de una
Asamblea Constituyente para 'refundar la república' y
reconocer la autodeterminación de unas 36 naciones
originarias, agregó de la Cruz Vilca. El ex presidente de
la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
de Bolivia, acusó a las empresas petroleras extranjeras de
promover las demandas de autonomía de Santa Cruz, Tarija,
Pando y Beni, departamentos de la región oriental donde están
las ricas reservas de gas natural del país.
'Tras ese movimiento se esconde un plan orientado a generar
la reacción violenta de los sectores indígenas para
justificar una intervención militar externa', aseveró. 'La
visión de que los indígenas somos una amenaza es cierta
desde el punto de vista de ciertos poderes políticos y
económicos.
Nos ven como terroristas, pero no lo somos, pues nuestra
lucha es abierta, legal y legítima', apuntó a su vez
Ricardo Díaz, diputado indígena boliviano del izquierdista
Movimiento al Socialismo.
Luis Macas, presidente de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo a que
informes como el del NIC 'responden a una mirada excluyente
del mundo, como la que tiene el gobierno de Estados Unidos y
defienden ideológicamente intelectuales como (el escritor
peruano) Mario Vargas Llosa'.
Se estima que 40 por ciento de los casi 13 millones de
ecuatorianos son indígenas. La Conaie tiene como brazo político
a Pachakutik (Movimiento de Unidad Plurinacional Nuevo País),
que en 2002 acompañó en sus siete primeros meses al
gobierno de Lucio Gutiérrez, depuesto de su cargo el pasado
20 de abril. 'Si no existiese la Conaie, que encauza la
lucha indígena de forma pacífica, la pobreza en que viven
nuestras comunidades y el pueblo ecuatoriano en general podría
ser caldo de cultivo para el surgimiento de organizaciones
que quisieran cambiar la realidad social de forma violenta,
pero eso no ha ocurrido', explicó Macas.
'No somos una amenaza para el mundo y tampoco para ellos (Estados
Unidos). Al contrario, somos una esperanza, una alternativa
que tiene el género humano', apuntó Feliciano Valencia,
coordinador de Derechos Humanos de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, al suroccidente de
Colombia. Los chamanes 'lo habían advertido, que se venían
tiempos muy difíciles, que hay una nube negra sobre
nuestros territorios y que eso presagiaba muchas desgracias',
comentó a el dirigente, para quien en Colombia ya se
aplican políticas de persecución a los movimientos
sociales e indígenas que se adelantan al 'Global Trends
2020'.
El pueblo nasa, al cual pertenece Valencia, cuenta con unos
150.000 comuneros y es la segunda etnia mayoritaria de
Colombia, donde existen 90 pueblos indígenas que suman
cerca de dos por ciento de la población de 42,3 millones de
habitantes del país. Aunque la Constitución de 1991 dio
autonomía a los indígenas en sus resguardos (reservas
territoriales) ésta no se cumple por las ocupaciones
continuas de tierras de militares y grupos armados, señaló
el dirigente, quien también denunció las fumigaciones
sobre cultivos de coca y amapola y la explotación de
recursos naturales como otras formas de atropellos a los
pueblos originarios.
El viceministro de Planificación de Chile, Jaime Andrade
Huenchucoy, principal encargado gubernamental de asuntos
indígenas,
dijo a que en su país no hay situaciones que configuren un
cuadro de desestabilización o terrorismo como el del
informe del NIC. José Santos Millao, uno de los consejeros
mapuches de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
de Chile, comentó a que los servicios de inteligencia
estadounidenses atribuyen 'suspicaz o tontamente' tendencias
terroristas a la rebeldía de los pueblos autóctonos para
tergiversar sus legítimas demandas.
En Chile, 6,4 por ciento de la población de 15,2 millones
se identifica como indígena en seis etnias, aunque otros cálculos
elevan su incidencia real a 10 por ciento, mientras en la
vecina Argentina los pueblos originarios comprenden entre
1,5 y dos millones en una población de 37 millones. En
ambos países la etnia mayoritaria es la mapuche.
Los conflictos comenzaron con la llegada de las
transnacionales para explotar minerales, hidrocarburos,
bosques y recursos acuíferos. 'Estados Unidos intenta que
la reacción del pueblo mapuche de defensa de la tierra sea
un problema de seguridad interior de nuestros países',
indicó a Mauro Millán, líder de la Organización Mapuche
Tehuelche de Argentina.
En declaraciones a , Rafael González, portavoz del Comité
de Unidad Campesina de Guatemala, apuntó que 'luego del 11
de septiembre (de 2001) y los atentados (en Nueva York y
Washington) a todos los que criticamos el sistema
establecido se nos compara con terroristas' por parte del
gobierno de George W. Bush.
Para el antropólogo Pedro Ciciliano, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el proyecto del NIC es
exagerado y contiene errores propios de la inteligencia de
Estados Unidos con base en informaciones sesgadas. 'Los indígenas
pueden ser considerados una amenaza, pues están pobres y
empujan por sus reivindicaciones, pero no representan un
peligro terrorista', dijo a el antropólogo, quien destacó
el papel negociador que ejerció en México el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, tras su irrupción en
1994, y 'que no interviene desde hace tres años en
política'.
En Brasil, donde 400.000 indígenas representan 0,2 por
ciento de la población, es absurdo atribuir a sus reclamos
connotaciones desestabilizadoras, dijeron a Jairo da Silva,
vicecoordinador del Consejo Indígena del estado de Roraima,
norte del país, y Paulo Maldós, asesor político del
Consejo Indigenista Misionero, vinculado a la Iglesia
Católica.
Para Maldós, los indígenas latinoamericanos viven una 'reconstrucción
étnica', incluso en países como Chile, lo cual se explica
porque el descenso del movimiento obrero ha sido reemplazado
por un protagonismo en el campo, como en Bolivia, donde los
mineros, antaño fuertes, son sustituidos hoy por los
campesinos cultivadores de coca.
En cuanto a la diversidad étnica, 'lo que verdaderamente
desestabiliza es la actitud cerrada de algunos estados, como
el chileno, de no reconocer esa plurietnicidad y no generar
mecanismos que permitan que se exprese', apuntó el abogado
Aylwin. 'Un estado que da cuenta de esa etnicidad y la
reconoce estableciendo para los pueblos indígenas derechos
políticos y territoriales que les permitan desarrollarse
como tales, tiene mucho menos problemas de estabilidad que
los estados que niegan esa realidad', subrayó el
especialista.
www.argenpress.info
Junio de 2005
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