Gustavo González      aperezguerra@yahoo.es

foto: switzerland.indymedia.org

La creciente influencia política de los indígenas en América  Latina, destacada en un informe del Banco Mundial, tiene como anverso el  rezago social y económico de estos pueblos y la resistencia estatal a  atender sus demandas de autonomía y respeto a sus culturas. 

El pasado mes de mayo, mientras el Banco Mundial presentaba su estudio  "Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina,  1994-2004", el parlamento chileno volvía a rechazar una reforma,  presentada ya hace casi 15 años, para dar reconocimiento constitucional a  los pueblos indígenas.

"Este parlamento es absolutamente retrógrado para responder a este tipo de  demandas", señaló José Santos Millao, uno de los consejeros mapuche de la  Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, creada en 1993. La reforma  requería de 76 votos en la Cámara de Diputados, pero solo tuvo 53 votos a  favor, 26 en contra y 24 abstenciones, frustrando uno de los objetivos del  presidente Ricardo Lagos, quien tampoco ha logrado la ratificación  legislativa del Convenio 169 de la OIT. 

Chile, uno de los países más estables política y económicamente en América  Latina, es un caso excepcional en una región donde la mayoría de los  estados con pueblos indígenas han dado rango constitucional y ratificado  dicho Convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre  protección de sus derechos sociales y económicos. Pero los avances legales  no son garantía del fin de la exclusión que rige desde tiempos de la  colonización europea el trato hacia los pueblos originarios, aun en  aquellos países con mayores espacios de autonomía, como Colombia, Panamá y  Nicaragua. 

Colombia. Desde 1991 el concepto de nación multiétnica está en la  Constitución de Colombia y ese mismo año se aprobó por ley el Convenio  169. Los territorios indígenas constituidos en resguardos cubren 27  millones de hectáreas y no prescriben ni pueden ser subdivididos ni  embargados y reciben un subsidio estatal de 40 dólares al año por  habitante. En muchos resguardos se practica una educación propia en lengua  aborigen y así mismo se aplican en materia judicial normas de control y  regulación social propias de los indígenas "siempre que no sean contrarias  a la Constitución y las leyes". 

Pero la autonomía es golpeada por "la presencia y ocupación territorial de  los grupos armados, entre ellos la policía, el ejército, la fuerza aérea y  la misma guerrilla" del largo conflicto interno colombiano, dijo a IPS  Feliciano Valencia, coordinador de derechos humanos de la Asociación de  Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, suroccidente del país. 

Los 800.000 indígenas representan el dos por ciento de la población y  están divididos en 90 pueblos, cada uno con su propia lengua, distribuidos  en la Amazonia, sabanas naturales, sierras andinas y la costa caribe. La  población indígena más pobre corresponde al 12 por ciento que habita en  tierras sometidas a colonización, en un entorno natural degradado. Con  frecuencia los pueblos indígenas denuncian violaciones al Convenio 169, ya  que se autorizan explotaciones petroleras y mineras en sus territorios sin  consultarlas. La Organización de las Naciones Unidas alertó sobre los  asesinatos de indígenas en Colombia y la Corte Interamericana de Derechos  Humanos ordenó al gobierno de Álvaro Uribe medidas cautelares para  proteger del exterminio a una etnia entera, la kankuamo, que habita la  Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país. 

Ecuador Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades  Indígenas de Ecuador (Conaie), dijo a IPS que el afán del gobierno  estadounidense de imponer "un poder excluyente y un mundo unipolar", va en  contra de las demandas de los pueblos autóctonos de construir "un Estado  plurinacional, que significa la unidad en la diversidad". 

Ecuador ratificó el Convenio 169 y su Constitución incorporó en 1998 los  derechos indígenas, gracias a la influencia de la Conaie y su brazo  político, el partido Pachakutik, que en 2002 eligió 10 diputados al  parlamento unicameral y en las elecciones locales de 2004 ganó 30  alcaldías municipales y cuatro prefecturas (gobiernos provinciales). 

La educación bilingüe es también un derecho consagrado en la Constitución,  que reconoce la justicia indígena y obliga a que tanto en los tribunales  como en los organismos públicos haya funcionarios que hablen o traduzcan  la lengua quichua, de la etnia más numerosa, habitante de la sierra  andina. Macas señaló que la autogestión indígena se complementa con la  gestión gubernamental, en un marco de relativa autonomía, sobre todo en la  Amazonia, donde se debe consultar a las comunidades para extracción de  hidrocarburos y negociar con ellas indemnizaciones y formas de mitigación  del impacto ambiental. 

"Ahí surgen las presiones de las empresas petroleras transnacionales, con  sus guardias privadas, lo que obliga a que los pueblos se defiendan con  diversas formas de lucha pacífica, como ocurre con las comunidades  sarayaku", señaló el dirigente, quien también apuntó los conflictos por la  división de la tierra y el control del agua en la sierra andina. 

"Hay una integración y participación dentro de las reglas de este sistema  político que algunos denominan democracia, pero que es muy excluyente",  como lo demuestra la pobreza que ha obligado a una masiva migración a las  ciudades y al exterior, principalmente a Estados Unidos y España, dijo  Macas. 

Guatemala. Para Rafael González, portavoz del Comité de Unidad Campesina  de Guatemala, uno de los países latinoamericanos con mayor presencia  indígena, la tónica ha sido la integración y asimilación forzadas a la  sociedad "blanca". "La autonomía sigue siendo una mera aspiración", señaló  a IPS. 

En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)  exigiócambios constitucionales a favor de la autonomía indígena, pero el  Congreso legislativo aprobó una "versión limitada de esa medida, que no  gustó a los guerrilleros", indicó el antropólogo Pedro Ciciliano, de la  Universidad Nacional Autónoma. No obstante, en ciertas zonas del  meridional estado de Chiapas, el EZLN ejerce "una autonomía de facto", así  como también hay en México "integraciones y asimilaciones de facto" de  comunidades ancestrales, que representan 11 por ciento de la población de  este país, en cuyo Congreso de 500 diputados solo tres se reconocen  indígenas. 

En México está aprobado el Convenio 169 y se admite la educación bilingüe  y el respeto a la cultura ancestral y hay políticas especiales en materia  de tierras, pero no existe autonomía plena de los indígenas en sus  territorios. 

El reconocimiento a la autodeterminación de los 36 pueblos indígenas de  Bolivia es una de demanda básica de la "refundación de la república" a  través de una Asamblea Constituyente que reclaman organizaciones  aborígenes, campesinas y sindicatos, dijo a IPS el ex presidente de la  Confederación Única de Trabajadores Campesinos, Juan de la Cruz Villca.  Los quechuas, aymaras y guaraníes son las etnias más importantes de  Bolivia, que alcanzaron un reconocimiento a través del Convenio 169, "pero  que no pueden gobernarse a sí mismos bajo sus usos y costumbres", indicó  el dirigente. 

Brasil. Paulo Maldós, asesor político del Congreso Indigenista Misionero  de Brasil, vinculado a la Iglesia Católica, estimó que hubo un cambio  fundamental con la Constitución de 1988, que reconoció los derechos  territoriales y culturales de los indígenas. Hasta entonces, la tendencia  era la asimilación a la sociedad y cultura dominantes. Más tarde, fue muy  importante la ratificación del Convenio 169, porque "dio coherencia a la  Constitución", aunque aún falta aprobar el Estatuto de los Indígenas, en  trámite parlamentario hace ya varios años, agregó Maldós. 

Argentina La reforma constitucional de 1994 incorporó en Argentina los  derechos indígenas, pero "jamás fueron reglamentados y por tanto no se  cumplen". A los jueces de la austral Patagonia "nunca se les ocurriría  apelar a la Constitución para ir contra las compañías rurales poderosas",  apuntó Mauro Millán, líder de la Organización Mapuche Tehuelche 11 de  Octubre. 

"Reclamamos un acompañamiento de nuestras reivindicaciones por parte de la  sociedad blanca, `huinca`. Si habláramos de independencia (territorial) se  perdería la posibilidad de ese debate, pero si no se respeta que tengamos  el control de nuestros recursos, entonces no ha cambiado nada desde la  conquista de nuestros territorios en el siglo XIX", dijo Millán a IPS.

En Chile, pese a la falta de reconocimiento constitucional, se ha avanzado  en un proceso de reconocimiento, señaló a IPS el viceministro de  Planificación y principal responsable gubernamental de asuntos indígenas,  Jaime Andrade Huenchucoy. "Existen situaciones de prejuicios, en algunos  casos hasta de racismo", admitió el funcionario, quien destacó como  progresos la promulgación de la Ley de Desarrollo Indígena, la  transferencia de 230.000 hectáreas a las comunidades y la entrega anual de  33.600 becas para estudiantes indígenas. 

Andrade destacó el Programa Orígenes, del gobierno de Lagos, que financia  unos 4.000 proyectos autogestionados por las comunidades, al tiempo que se  está abriendo un debate sobre el resguardo del patrimonio cultural y  genético de las etnias y se arbitran medidas de protección del borde  costero para los lafkenches, una rama de los mapuches. Los indígenas no  están representados en el parlamento, pero ganaron posiciones en los  comicios municipales de 2004, con 17 alcaldías de un total de 345, y más  de 160 concejales. 

Santos Millao concuerda con Andrade en el reconocimiento de esos avances,  pero sostiene que en el Estado chileno hay "una profunda intransigencia"  hacia las demandas de autonomía de las etnias. "Es absolutamente  fundamental el reconocimiento del territorio que fue nuestro y que fue  usurpado por las leyes que este Estado chileno se dio a partir (de la  independencia) de 1810. No se entienda que queremos recuperar todo el  territorio, ni siquiera la cuarta parte, pero sí un espacio donde podamos  desarrollarnos", señaló el dirigente. 

El abogado chileno José Aylwin dijo a IPS que las políticas de integración  son contradictorias, ya que se orientan a sumar a los indígenas a una  "sociedad mayoritaria". Lo que se requiere es que los pueblos originarios  "puedan tener control de sus propios asuntos en materia jurídica,  justicia, territorial y recursos naturales", puntualizó el experto.